Uvas doradas y trabajo negro en Castilla-La Mancha

Las uvas ya están doradas en Castilla-La Mancha, pero la cosecha se presenta agria. En 10 días comenzará la mayor vendimia del mundo: en mes y medio, los agricultores deben recolectar 2.750 millones de kilos de uva. Una tarea ingente para la que son necesarios 20.000 inmigrantes. Pero los empresarios han ignorado los cauces legales para contratarlos y, a estas alturas, sólo cuentan con una multitud de rumanos acampados en la región.

A los ya acampados, se suman otros 600 cada semana. Desembarcan de autobuses llegados directamente desde Rumania. No se trata de una situación nueva. Así, con el empleo irregular, ha funcionado siempre la vendimia. Pero este año los conflictos entre los inmigrantes rumanos y los vecinos de pueblos como La Herrera y Llanos del Caudillo han revelado el lado oscuro de la cosecha. El escándalo ha desembocado en un pulso entre los agricultores y el Gobierno. "Intentan forzarnos a mirar hacia otro lado", denuncia el delegado del Gobierno, Máximo Díaz-Cano. "La uva no se dejará en el suelo", replica el presidente de la patronal Asaja, mayoritaria en la región, Pedro Barato.

Los agricultores exigen contratar a los temporeros sin hacer papeles, sobre la marcha

El conflicto no es menor. Sus dimensiones son proporcionales a la vendimia: 2.750 millones de kilos de uva (mil veces más de lo que pesan los 44 millones de españoles), repartidos en 600.000 hectáreas (superficie superior a la provincia de Alicante), que darán 18 millones de hectolitros de vino (cuatro botellas por cada uno de los 495 millones de habitantes de la UE): un negocio del que comen 70.000 familias.

El problema afloró a principios de agosto, cuando el alcalde de La Herrera reclamó al delegado del Gobierno la expulsión de 2.000 rumanos que habían acampado en las cercanías de ese pueblo albaceteño de 400 habitantes. En principio, no había razones legales para echarlos. Rumania ingresó en la UE el 1 de enero y, desde esa fecha, sus ciudadanos tienen el mismo derecho que cualquier comunitario a residir en España. No obstante, los rumanos -familias enteras, la mayoría de etnia gitana- atendieron la invitación de la Guardia Civil y despejaron el campo. La situación se repitió días después en Llanos del Caudillo (Ciudad Real, 700 habitantes). Y, a día de hoy, la Delegación del Gobiernotiene localizados 28 asentamientos de rumanos.

Las tensiones entre inmigrantes y los habitantes de los pueblos junto a los que acampaban pronto revelaron otro asunto de mayor calado: los rumanos acudían a Castilla-La Mancha para trabajar en la vendimia. Y eso sí que planteaba un problema legal, porque cuando se aprobó su ingreso en la UE, el Gobierno decidió aplicarles -a ellos y a los búlgaros- una moratoria antes de permitirles trabajar libremente. Es decir, hasta dentro de dos años unos y otros siguen siendo tratados como inmigrantes si quieren trabajar en España por cuenta ajena.

Los empresarios que deseen contratarlos deben hacerlo en sus países de origen. Aunque existe una excepción: para los trabajos de temporada (que no excedan de nueve meses en un período de 12 meses consecutivos) los agricultores pueden emplear a los rumanos y búlgaros que se hallan en España. La única condición es que, antes de hacerlo, deben presentar en la Delegación del Gobierno sus expedientes empresariales, con el fin de demostrar, entre otras cosas, que no tienen deudas con el Estado, y las fotocopias de los pasaportes de sus candidatos a la contratación, para que las autoridades puedan cotejar su edad, antecedentes penales... Esos trámites llevan un tiempo: un mes y medio.

Los agricultores de Castilla-La Mancha estaban al tanto de las exigencias. No sólo porque sus dos organizaciones más importantes, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), respaldaron la moratoria. También, porque el Ministerio de Trabajo les ha insistido desde abril en la conveniencia de que calcularan los temporeros que iban a necesitar y los solicitaran cuanto antes. ¿Por qué no lo hicieron? "Desidia, imprevisión, incapacidad de planificar a largo plazo...", especula el representante de Trabajo en Ciudad Real, Áureo Ruiz.

Únicamente cuando se enteraron de que, durante julio, la Inspección de Trabajo había levantado, sólo en Albacete y Ciudad Real, nada menos que 220 actas de infracción, empezaron a sospechar que en esta ocasión las advertencias del Gobierno podían ir en serio. Aún así, se lo tomaron con calma. El 23 de agosto, el presidente de la cooperativa vinícola de Tomelloso -la mayor de Europa- solicitó que la Administración explicara a sus agricultores qué debían hacer para contratar vendimiadores extranjeros. Una delegación de Trabajo se desplazó al pueblo y les detalló el procedimiento.

Los 200 cooperativistas que asistieron -en el pueblo hay 1.500- se removían inquietos en sus asientos. Hasta que uno soltó: "Oye, es que ahora vienen las fiestas del pueblo. O sea, que hasta el 3 de septiembre no podemos hacer nada". Asentimiento general. Áureo Ruiz estuvo en la reunión: "Fue increíble", recuerda: "Aquellos hombres tenían un avispero en el culo y a algunos no les preocupaba lo más mínimo". En vez de aconsejar a sus afiliados que comenzaran a tramitar las contrataciones, las organizaciones agrarias empezaron a recorrer los pueblos animándoles a que se resistieran a acatar la ley. El lunes pasado, la patronal mayoritaria, Asaja, convocó a los agricultores en la plaza de Moral de Calatrava, a 14 kilómetros de Valdepeñas, para recomendarles que hicieran fuerza frente a las exigencias del Gobierno.

"Esto [la agricultura] no es una empresa en la que podamos ajustar las cosas al milímetro", explica Barato. "Queremos contratar mano de obra totalmente legal, pero hay miles de explotaciones pequeñas que no pueden hacer las previsiones de trabajadores que exige el Gobierno". El secretario general de COAG en la región, Apolonio Moreno, aporta otro argumento: "Aquí las cosechas son muy cortas, y la gente no va a viajar desde su país para tan poco tiempo". El delegado del Gobierno no se engaña: "Muchos propietarios quieren seguir contratando como antes. Los rumanos, que siguen la ruta de las recolecciones, lo saben. Por eso vienen".

El desafío ha llegado hasta la mesa del ministro de Trabajo, Jesús Caldera. El pasado lunes, la consejera de Trabajo de Castilla-La Mancha, Luz Rodríguez, acudió a Madrid para trasladarle una exigencia de los agricultores: querían que el Gobierno levantara la moratoria sobre los trabajadores rumanos y búlgaros. Es decir, querían emplearlos al margen de los controles de la Administración. "Para que lo entienda", le dijo a la consejera uno de los representantes de las patronales, "queremos contratar en el momento". Como se hacía en sitios como la plaza de Socuéllamos (Ciudad Real). Caldera no se arrugó: respondió que enviaría más inspectores de Trabajo.

Algunas organizaciones agrarias han comenzado a entrar en razón. Los últimos días, la Delegación del Gobierno ha recibido 12.000 solicitudes para contratar jornaleros extranjeros. Los funcionarios trabajan a destajo para resolverlas antes de que la uva comience a estropearse. Pero la tensión entre agricultores y autoridades se mantiene.

Cabría pensar que, tras esta experiencia, los patronos han aprendido que deben hacer las contrataciones del mismo modo que los demás empresarios españoles. Preguntado al respecto, el secretario general de COAG, Apolonio Moreno, anuncia: "A mí me parece que el año que viene podremos hacer lo mismo que éste". El pulso continúa.