Los Franco, otra vez

La familia de Francisco Franco, hoy encabezada por su hija, Carmen, se ha cerrado en banda ante el intento de la Xunta de determinar si declara el Pazo de Meirás bien de interés cultural (BIC), lo que impondría un mínimo uso público a la propiedad regalada en 1938 al dictador en nombre del "pueblo de A Coruña". Ante la pretensión de la Consellería de Cultura de inspeccionar ayer el interior del palacio y sus jardines para evaluar su valor y su estado de conservación, los Franco presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y negaron el acceso a los funcionarios. La respuesta de la Xunta fue inmediata: abrió un expediente sancionador contra los herederos del dictador, que se enfrentan a una multa máxima de 60.000 euros, y pedirá autorización judicial para entrar en la propiedad.

Hace en realidad meses que la familia del dictador entre 1936 y 1975 obstaculiza, con sucesivos aplazamientos, la inspección de los técnicos de la Xunta, un trámite imprescindible para completar el abultado informe documentado que la Dirección Xeral de Patrimonio empezó a recopilar hace más de un año con el fin de decidir si el pazo reúne las condiciones para ser declarado Bien de Interés Cultural. Pero el conflicto se radicalizó en los últimos días. Ante el silencio de Carmen Franco Polo, quien había prometido por escrito permitir la inspección técnica durante el mes de agosto, la consellería se decidió a actuar y utilizar su potestad legal para imponer una visita a una propiedad que figura en el Inventario del Patrimonio Cultural de Galicia.

El departamento autonómico comunicó la semana pasada por fax a la hija de Franco que enviaría a sus técnicos ayer y que negar el acceso sería una infracción leve por obstrucción. Pero al llegar a Meirás, el equipo de la consellería, compuesto por una arquitecta, un arqueólogo y una historiadora del arte, se encontró con un abogado de la familia del dictador que les impidió entrar y les informó de que, la víspera, la familia presentó un contencioso-administrativo contra la Xunta por pretender supervisar el estado de una propiedad privada. Frente a estos argumentos, la Administración blande sus competencias para inspeccionar cualquier bien registrado en el Inventario del Patrimonio Cultural de Galicia, como lo es desde 1991 el singular palacio de tres torres rectangulares y sus jardines, enclavado en el municipio coruñés de Sada. Los técnicos de Cultura sólo pretendían recopilar información sobre el estado y el valor del inmueble y de los bienes que contiene, así como realizar "un amplio reportaje fotográfico del conjunto". La Xunta recurrirá ahora a un juez para poder entrar en una propiedad, destaca, que al estar inventariada ya está sometida al control de Patrimonio.

Construidas en 1893 por encargo de la escritora Emilia Pardo Bazán para convertirlas en su santuario literario, las también denominadas Torres de Meirás fueron adquiridas en 1938 por un grupo de empresarios adeptos al dictador mediante financiación de instituciones públicas, una supuesta "suscripción popular" en la que las autoridades fijaban la cantidad del donativo que se debía entregar "de forma voluntaria", así como mediante el descuento obligatorio de un día de sueldo a funcionarios y empleados de empresas afines.

La propiedad fue ampliada hasta seis hectáreas con la expropiación o compra de fincas y casas anexas, sin compensación económica en algunos casos. El Pazo de Meirás y sus jardines, que figuran en el Registro de la Propiedad a nombre de Carmen Polo, la esposa del dictador fallecida en 1988, fueron regalados durante una pomposa ceremonia a Franco, quien la convirtió en su residencia veraniega. Nadie sabe cuál es el estado de conservación de la propiedad, devastada en parte por un incendio en 1978, ni qué bienes alberga en su interior.