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Reportaje:

Atención: vertedero radiactivo ilegal a 500 metros de Huelva

Ecologistas y vecinos aplauden la sentencia que obliga a mover los residuos de Fertiberia

Al sureste de la ciudad de Huelva parece haber caído una bomba atómica. Se extiende un paisaje blanco y desértico, donde nada crece ni se mueve. Nadie diría que allí, a orillas del río Tinto, hubo una vez una extensa marisma. Se trata de las balsas de fosfoyesos, 1.200 hectáreas donde se almacena este residuo procedente, en su mayoría, de la vecina fábrica de fertilizantes Fertiberia. Una industria asentada en el polo químico de la ciudad, con privilegiadas vistas sobre la ría de Huelva.

El jueves se conoció una sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba ilegales estas balsas. Desde 1968, Fertiberia ha vertido allí 70 millones de toneladas de una sustancia viscosa y blancuzca que termina endureciéndose formando una especie de paisaje lunar encalado. La papilla responsable de esta postal irreal es el deshecho de rocas de fosfato, después de ser tratadas y obtener de ellas ácido fosfórico -componente de los fertilizantes-.

Diversos informes sitúan a Huelva con la mayor mortalidad por cáncer de España
El CSIC afirma que la radiación que reciben los trabajadores entra en los límites legales

Además, los fosfoyesos contienen un regalo que asusta a muchos. De manera natural, los residuos liberan una radiactividad que ha preocupado durante años a los vecinos de Huelva y a las asociaciones ecologistas.

Greenpeace ha denunciado mediciones 20 veces superiores a lo permitido en la zona de las balsas. Pero los estudios realizados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) -que dudan de los métodos empleados por los ecologistas- indican que la radiación que reciben los trabajadores (0,5 milisievert al año) está dentro de los límites legales. Y los mismos científicos se esfuerzan en recalcar que la capital está exenta de cualquier radiación procedente de las balsas.

Pero la radiación está ahí. Por ello, es preciso controlar el vertedero. La mejor manera que han encontrado los expertos es sellar los montículos de desperdicios -que pueden superar los 20 metros- con distintas capas de tierra y materiales de deshecho, para, sobre ellos, hacer crecer vegetación.

En esas montañas artificiales, la radiación queda fuertemente reducida, dicen los científicos del CSIC. Aunque lo cierto es que todavía queda mucho. Las hectáreas restauradas de esta manera, según las mismas fuentes, son alrededor de un centenar. El resto permanece al aire libre. Por ello, desde el consejo se recomienda la restauración del conjunto de las balsas, lo antes posible. Los científicos descartan la posibilidad, planteada por algunos, de llevarse los residuos a otra parte.

Pero la declaración de ilegalidad nada tiene que ver con la radiactividad, sino con la concesión por 99 años que el Gobierno franquista de 1968 otorgó a Fertiberia, para verter allí sus desperdicios. Según la sentencia, esa concesión está caducada, después de que en 2003 el Ministerio de Medio Ambiente la anulase por violar la ley de Costas, y por considerar que Fertiberia había excedido las condiciones impuestas hace casi 40 años. La empresa recurrirá la sentencia, porque afirma cumplir la normativa.

La sentencia ha sacudido Huelva desde los cimientos y ha vuelto a reabrir el debate político, económico y ciudadano, nunca cerrado, sobre la presencia del polo químico industrial en las inmediaciones de la ciudad.

Y es que, por un lado, el complejo de fábricas supone, entre empleos fijos y contratas, trabajo diario para unas 7.000 personas, según cifras de Comisiones Obreras. 400 de ellas sólo en Fertiberia y otras 230, en la otra empresa que se ve afectada por la decisión de la Audiencia, Foret, porque también vierte residuos en las balsas.

Pero por otro lado, el precio que la ciudad ha tenido que pagar es muy alto. La seña de identidad más arraigada, su ría, se ve sacudida por la contaminación de sus aguas y las eternas columnas de humo de las fábricas que se asoman al río Odiel. Y muchos se preguntan qué precio estará pagando la salud de los vecinos. Greenpeace afirma que, "diversos estudios del Servicio Andaluz de Salud, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ponen de manifiesto que la mortalidad por cáncer en Huelva es la mayor de España. Además, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica afirma que Huelva es la ciudad con mayor tasa de asmáticos, con un 14,6%. El Colectivo Ciudadano por la Descontaminación de Huelva denuncia una incidencia mayor de esterilidad, abortos, malformaciones de nacimiento, asma y otras afecciones respiratorias y enfermedades endocrinas en la zona".

La patronal de las industrias químicas y básicas de Huelva, AIQB, a la cual pertenece Fertiberia, ha acusado a los ecologistas de atacarles de "manera infundada". La patronal ha negado siempre que se cometan incumplimientos. Y en cuanto al impacto ambiental de sus actividades cree que está perfectamente "controlado" y señalan que no existe ni un sólo documento que "demuestre la relación causa-efecto entre la industria y los problemas de salud que irresponsablemente se le atribuyen". Sobre los fosfoyesos afirma que su gestión es "la más adecuada que existe".

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