El Supremo libio ratifica la pena de muerte contra las enfermeras búlgaras

El Tribunal Supremo de Libia confirmó ayer la pena de muerte contra cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino, acusados de infectar deliberadamente el virus del sida a casi 500 niños en un hospital hace ocho años. Es la tercera vez que la justicia libia les condena a muerte. La semana que viene el caso será abordado por el Alto Consejo Judicial, cuya decisión será ya inapelable. La comunidad internacional consideraba muy probable la ratificación de la pena del Supremo, a pesar de que siempre ha puesto su esperanza en lograr la liberación de los presos cuando el caso llegara al Alto Consejo.

"La confirmación de la pena no ha sido ninguna sorpresa", admitió ayer el presidente búlgaro, Guéorgui Parvanov, quien añadió: "Bulgaria sigue trabajando muy intensamente con la UE para lograr un acuerdo [con Libia] para que las enfermeras vuelvan a nuestro país".

"Esperamos que los políticos logren lo que no han conseguido los abogados", subrayó el presidente búlgaro, en referencia a la dependencia política del Alto Consejo Judicial respecto al presidente libio, Muammar el Gaddafi. Uno de sus hijos, Seif el Islam, declaró el mes pasado: "La solución será positiva y esperamos que sea el principio del fin de este caso".

También el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Sean McCormack, se mostró convencido de que el caso se resolverá positivamente en el siguiente peldaño judicial: "Si la decisión del Supremo es un paso hacia la resolución del asunto en un futuro cercano, entonces ciertamente es positivo", dijo. McCormack recordó que EE UU defiende la "vuelta a casa inmediata" de las cinco enfermeras y el médico y subrayó que la semana que viene una nueva instancia judicial estudiará el caso.

Indemnización

Pese a la ratificación de la pena de muerte, ayer se conoció otro aspecto que invita al optimismo: los familiares de las víctimas llegaron aparentemente a un acuerdo económico con el Gobierno libio y la Unión Europea bajo la "mediación" de la Fundación Gaddafi. Los expertos consideraban básico sellar un acuerdo sobre las indemnizaciones antes de que el caso llegara a la última instancia judicial.

Idriss Lagha, portavoz de los familiares de las víctimas, confirmó el acuerdo y lo consideró satisfactorio, aunque no lo desveló. Los términos se conocerán, precisó, en los próximos días.

Las enfermeras búlgaras y el médico palestino fueron detenidos en 1999 acusados de haber contagiado a 436 niños, de los cuales 56 fallecieron. Todos los expertos internacionales que han estudiado el caso coinciden en que la epidemia se debió a las malas condiciones higiénicas del hospital y sucedió antes de la llegada al país de los seis acusados.