Sanidad ultima un plan para reforzar el control de los alimentos

Cientos de alimentos introducidos de forma ilegal se venden en algunas tiendas españolas sin haber pasado las inspecciones sanitarias. Para controlarlos, Gobierno y comunidades autónomas preparan un plan nacional basado en las directrices de la UE para los 27 países. El plan tratará de coordinar las inspecciones de todo lo que llega a las tiendas y a los restaurantes. Tenía que haberse aprobado en enero de 2007, pero por ahora sólo Reino Unido ha hecho los deberes. En el caso de España, la demora se debe a un desacuerdo sobre quién inspecciona a los inspectores.

La falta de control sobre muchos de los productos que llegan a las tiendas ha sido destapada con la detección de miles de dentífricos con etiquetados irregulares o incluso con sustancias tóxicas. Las pastas de dientes introducidas de forma ilegal en España y en otros países de Europa han servido para detectar que el problema se extiende además a los productos alimenticios.

Consciente de esos problemas, la Unión Europea lanzó hace dos años unas directrices por las que todos los países miembros debían crear planes específicos para inspeccionar todo aquellos que llega a la mesa del consumidor. En España, la adaptación de esa guía se llama Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria y aún está debatiéndose en la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutrición que reúne al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas.

El objetivo del plan es coordinar las inspecciones de todos aquellos productos que llegan a la mesa y controlar la calidad de los productos. También se pretende fijar un criterio común para las inspecciones de aquello que alimenta a las plantas y a los animales, caso de piensos y abonos.

Las directrices europeas debían haber sido adaptadas por los 27 países de la UE antes del 1 de enero de 2007. Sólo Reino Unido ha fijado ya su plan. En España hay una pregunta que está causando demoras: ¿quién vigila al que vigila?

Las competencias sanitarias están en manos de las comunidades autónomas y por tanto son sus inspectores los encargados de controlar las granjas, las tiendas y los locales donde se sirve comida. El Estado no se puede meter ahí, pero la legislación europea exige que haya inspecciones sobre los inspectores. Llegar a un acuerdo sobre quién se encarga de esa tarea es uno de los temas que ahora están sobre la mesa.

El Gobierno, a través de la Agencia de Seguridad Alimentaria, y las comunidades se reúnen hoy para debatir este asunto. La Agencia busca un sistema de coordinación que mantenga a las comunidades en esas segundas inspecciones sin que se pierda la independencia de los controles. La idea es que la vigilancia de los que vigilan esté a cargo de un representante del Gobierno (Agencia de Seguridad Alimentaria), otro de la propia comunidad y otro de una comunidad diferente.

Ritmo lento

Eduard Mata, director de la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Generalitat de Cataluña, admite que el plan va un poco retrasado en España. "Tenemos la arquitectura y las perchas preparadas y un principio de acuerdo sobre los conceptos, ahora lo que hay que hacer es rellenar los agujeros", precisa. Pero según Mata, el retraso en la aplicación del plan de control no es debido a las comunidades autónomas sino a que las cosas van lentas.

El Ministerio de Sanidad considera que el proyecto podría estar terminado el próximo septiembre. Servirá sólo para controlar los alimentos en las tiendas y granjas. Las inspecciones en las fronteras corren a cargo exclusivamente del Gobierno. La clave para detectar los alimentos que han burlado los controles está en el etiquetado. Los que no llevan indicaciones en castellano suelen entrar irregularmente en España. Un simple rastreo de EL PAÍS por algunos locales de Madrid sirvió para encontrar decenas de alimentos que no cumplían ese requisito. La mayoría procedían, según su etiqueta, de Tailandia, Suráfrica, Filipinas, Líbano o China.