'Pantallazo' contra la ley del cine
Respaldo mayoritario de los exhibidores a la huelga en protesta por la cuota comunitaria
Los exhibidores de cine mostraron ayer su músculo al Gobierno. La convocatoria de un cierre de 24 horas de las salas de cine que lanzaron el pasado viernes tuvo ayer un seguimiento del 93%, según datos facilitados por la Federación de Cines de España (FECE), convocante del pantallazo, que agrupa al 90% de las 4.053 pantallas del país. Un total de 3.770 salas no encendieron ayer sus proyectores "como medida de protesta ante la falta de voluntad de negociación y consenso" del Gobierno con el sector de exhibición, en la tramitación del proyecto de ley del cine, ya en trámite parlamentario.
Los exhibidores piden al Gobierno que "ponga coto al dominio" de los grandes estudios
El sector plantea una triple reivindicación. En primer lugar, la nueva normativa mantiene la denominada "cuota de pantalla" aunque flexibiliza su cumplimiento: los cines deberán proyectar una película comunitaria por cada tres extracomunitarias, si bien en lugar de por días, como hasta ahora, con la nueva ley el cómputo se realizará por sesiones. Para los exhibidores, la cuota es, simple y llanamente, "inconstitucional, injusta, inútil e inédita en ningún otro país de nuestro entorno", y responde a las "presiones" de los productores.
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, afirmó ayer en Barcelona que "todo el mundo tiene derecho a protestar, pero la cuota de pantalla existe desde los años cuarenta en este país". Concretamente, existe desde 1941. "En España ahora las cosas han cambiado", explicó la ministra, "pero durante mucho tiempo casi nadie conocía idiomas y todo se doblaba, por lo que ya en pleno franquismo se impuso la cuota de pantalla para proteger el cine español", añadió.
En Europa, sólo España cuenta con una cuota de pantalla como tal, pero todos los países tienen algún tipo de medida proteccionista. Francia, por ejemplo, destina el 10% de la venta de cada entrada en taquilla al Centro Nacional de Cinematografía, que luego revierte sólo en el cine nacional.
Las demandas de los exhibidores no se limitan a la cuota de pantalla. Reclaman también al Gobierno que intervenga y "ponga coto al abuso de dominio" de las majors, las grandes distribuidoras de Hollywood. Por último, también quieren que se regulen las ventanas, o tiempos mínimos de explotación de las películas en salas de cine antes de estar disponibles en otros formatos.
De acuerdo con FECE, la mayor incidencia de la huelga, por comunidades, se dio en Madrid y Andalucía, donde el 95% de las salas no abrió sus puertas. En Cataluña el cierre también fue masivo, del 90% de las salas, según FECE. Aunque otras fuentes rebajaron ese índice de seguimiento. El Gremio de Empresarios de Cines de Cataluña sostuvo que se secundó el paro en 441 pantallas, un 73% del total de las agremiadas. En Barcelona capital, la inactividad alcanzó al 47% de las salas, mientras que el porcentaje en la provincia se elevó hasta el 78%.
No se sumaron a la huelga los cines Verdi, cuyos responsables alegaron que las cuotas de exhibición no les afectan porque ya las cumplen con su programación de "cine español y europeo". Tampoco lo hizo el Grup Balañá, con 42 pantallas en Barcelona, repartidas en 10 salas.
En Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Baleares cerró el 88% de las salas. En el País Vasco el seguimiento fue desigual: prácticamente total en Guipúzcoa, mientras que en Vizcaya la mayoría no secundó el paro. Según Víctor Villanueva, gerente del Circuito Coliseo, que gestiona 51 salas en Vizcaya, "el cierre es una medida muy seria a la que se ha llegado sin agotar otras vías menos drásticas".
Sólo hay un precedente de cierre patronal de las salas de cine. Se produjo el 20 de diciembre de 1993 contra un real decreto que reducía las licencias de doblaje y establecía una cuota de pantalla que obligaba a poner cine europeo cuatro meses al año. Entonces en España sólo había 1.800 cines.
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