España negocia retirar a Panamá de la lista de paraísos fiscales

El Gobierno español negocia con el de Panamá conceder a este país un trato distinto a los paraísos fiscales. El objetivo es que las constructoras españolas puedan participar en el concurso de ampliación del canal de dicho país. España considera a Panamá paraíso fiscal, y éste hace lo mismo con España, por lo que, si no cambia la situación, no podría haber presencia española en el concurso, que tiene un presupuesto de 4.000 millones de euros.

Falta un año para que empiece la obra, pero ya hay movimientos para que las grandes constructoras españoles están presentes en la ampliación del canal. La traba existente es que legislación panameña cuenta con la denominada Ley de Retorsión, que consiste en aplicar el mismo rasero que se aplica a Panamá, lo que impediría la presencia de capital español. El Ejecutivo quiere cerrar un acuerdo antes de la visita del presidente Zapatero a dicho país el próximo 17 de julio.

La ampliación del canal de Panamá abre muchas expectativas para las grandes constructoras, ACS, Sacyr Vallehermoso, Acciona, Ferrovial, OHL y FCC, algunas de ellas con importante presencia en el extranjero. Pero Panamá ha exigido a España, al igual que ha hecho con otros países, que retire al país centroamericano de la lista paraísos fiscales (o que lo califique como "paraíso fiscal cooperante") como condición para que puedan estar presentes en el concurso internacional. La Administración panameña ya firmó en 2002 un acuerdo con la OCDE por el que se comprometía a luchar contra el lavado de dinero. Comenzó a obligar a declarar la procedencia de los fondos que se manejan y pedir a las instituciones financieras que suministren la información confidencial cuando tenga relación con un proceso judicial. Tras este paso, la OCDE consideró al país "paraíso fiscal cooperante".

El acuerdo con la OCDE es genérico, es decir, lo deben suscribir posteriormente cada uno de los países que forman la organización para su relación bilateral con Panamá. Pero España no lo ha hecho. Sin embargo, otros países ya cuentan con el tratado y sus empresas tienen vía libre para entrar en el concurso. De ello se quejan algunas constructoras, que lamentan el retraso que se está produciendo mientras ven como sus competidores internacionales toman posiciones.

Precisamente, el Gobierno se ha tomado en serio el asunto. Recientemente, el director de la oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, se reunió con el vicepresidente panameño para resolver dicho problema en una visita que aquél hizo a Madrid. En dicho encuentro, se decidió constituir un grupo de trabajo en el seno del Ministerio de Economía y Hacienda. Este grupo ha propuesto a las autoridades de Panamá un intercambio de información fiscal que posibilite retirar al país de la lista negra de paraísos fiscales. Así se cumpliría el real decreto de 1991 que en su artículo 2 precisa que para que dejen de tener esa consideración deberán firmar "un acuerdo de información tributaria o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información".

Panamá admite el deber de confidencialidad de documentos o registros, lo que permite que empresas multinacionales y personas residentes en países con regímenes tributarios altamente impositivos puedan utilizar dichos mecanismos para transferir fondos. De esa forma obtienen una ventaja fiscal evidente al ahorrarse los impuestos que tendrían que haber pagado en sus lugares de origen.

Para Panamá este sistema permite capturar fondos que de otra forma no recibiría, pero origina problemas por la doble tributación, motivo por el cual las organizaciones internacionales han tenido que buscar las formas de contrarrestar estas fórmulas fiscales que les perjudican y que, además, han generado muchos problemas de blanqueo de dinero procedente de actividades ilegales.

Por eso, la OCDE elaboró en su día una lista negra en la que aparecían 48 paraísos fiscales, entre ellos Panamá, y puso en marcha un mecanismo de sanciones unilaterales (entre ellas, la negación de crédito para financiar operaciones transaccionales). Sin embargo, la OCDE considerase a Panamá "paraíso fiscalmente cooperante".

Fuentes de la Administración española han subrayado que "hay que buscar una solución como sea" porque hay mucho en juego. Además de constructoras, hay empresas de ingeniería, consultoría, telecomunicación, otro tipo de infraestructuras... En estos casos el papel de la Oficina Económica del Presidente es clave, ya que coordina temas que afectan a más de un ministerio, en este caso a Economía, Industria y Asuntos Exteriores e, incluso, Fomento.