Roca tenía en su poder documentos privados de las operaciones irregulares de Pantoja y Muñoz
Los investigadores del caso Malaya contra la corrupción en Marbella encontraron en el despacho del supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, el nexo de unión entre éste y el ex alcalde Julián Muñoz y la tonadillera Isabel Pantoja. Roca tenía en uno de sus despachos un documento muy personal de la cantante: la fotocopia de una escritura de compraventa de un apartamento en el Hotel Guadalpín a nombre de la sociedad Franbel Artis, SL, de Isabel Pantoja. El grupo de blanqueo de capitales del Cuerpo Nacional de Policía encontró el documento en una carpeta naranja que unía tres iniciales -la del ex alcalde Julián Muñoz, la de su esposa, Maite Zaldívar, y la de la tonadillera recientemente detenida- con el complejo hotelero de lujo, propiedad de la promotora Aifos.
La hija y la esposa del ex asesor urbanístico cobraron en medio año 646.000 euros por seis premios de lotería
El 'número dos' de Jesús Gil logró multiplicar por 20 la edificabilidad de un terreno y ganar 3,6 millones de euros
El juez fija para Montserrat Corulla, testaferro de Roca, 50 millones de euros de fianza por responsabilidad patrimonial
El hallazgo aparece en un informe policial sobre Julián Muñoz, en prisión desde el verano pasado. En él, los investigadores acreditan la existencia de al menos tres pagos por valor de 165.000 euros que Roca hizo a Muñoz después de que éste abandonara la alcaldía tras sufrir la moción de censura.
La carpeta naranja también tenía un contrato privado sin firmar de la suite 305 del complejo hotelero Guadalpín a nombre de Señor Servicios Generales de Madrid, SL, entidad cuyas participaciones son de Maite Zaldívar y cuyo administrador es su hermano Jesús, y una serie de facturas relacionadas con la esposa de Muñoz de fecha 26/06/03 y 02/09/03 sobre servicios y consumos realizados al hotel de abril a agosto de 2003. El grupo de blanqueo de capitales considera "especialmente significativo", que el ex asesor de Urbanismo tenga en su poder estos documentos considerados privados, en los que Roca aparentemente "no guarda ningún vínculo", ni tan siquiera con sus socios y administradores, y máxime cuando la escritura fue formalizada en Madrid.
Muñoz, alcalde en funciones
Sobre los pagos, los investigadores señalan que resultan acreditados por la existencia de libros de tesorería y las declaraciones que se han tomado a los imputados. El primer pago, de 12.000 euros, se realizó el 10 de diciembre de 2002 y procede de una aportación de 120.000 euros de un pagador desconocido. El segundo y tercero, de 15.000 (7/11/2002) y 135.000 euros (11/11/2002), son aportados por el propio Roca. Estos pagos se realizaron cuando Muñoz ejercía como alcalde en funciones después de que el ex regidor Jesús Gil fuera inhabilitado por el Supremo.
Los investigadores establecen que Muñoz favorece a Roca en dos ocasiones, y ambos el día anterior de los pagos. "Los acuerdos de permuta firmados por CCF21 Negocios Inmobiliarios, SA y Cortijos la ventilla con el Ayuntamiento benefician a Roca en perjuicio del ente local", consideran. En ambos se interpone una mercantil, de forma que Roca actúa bajo el velo societario de "sociedades de su organización". En la parte sobre la que ayer se levantó el secreto sumarial se recogen los supuestos beneficios que obtuvo otro miembro del equipo de gobierno de Jesús Gil. Pedro Román, que fue teniente de alcalde entre 1991 y 1998 y está actualmente encarcelado. Román está acusado de participar en un negocio ilícito mediante el que se multiplicó por veinte la edificabilidad de una parcela y con el que obtuvo 3,6 millones de euros de beneficios. El juez Torres establece en la orden de detención que cursó contra Román y su hija el 24 de abril, que el negocio se llevó a cabo en 2001 y que en él intervinieron, además de Román, Roca, el ex comisario de policía Florencio San Agapito y Juan Germán Hoffman, considerado testaferro de Roca en paraísos fiscales.
Según el documento, Roca realizó un convenio con los socios, que permanecen ocultos bajo la sociedad suiza Lispag AG, que permitió pasar de una edificabilidad de 532 metros cuadrados a 11.416 metros. La venta final supone unos beneficios de más de 6 millones de euros de los que a Román le corresponden un 62% que recibe por medio de sociedades interpuestas como Fink 2.010 o la fundación Lare de Liechtestein. Román actúa en el negocio representado por su hija María Pilar Román Martín, que también le representa en otros negocios ilícitos con Roca, y que fue detenida en el aeropuerto de Málaga junto a su padre el pasado 1 de mayo. Ambos regresaban en un vuelo procedente de Zúrich (Suiza).
El levantamiento del sumario ha arrojado un poco más de luz sobre la supuesta compraventa de billetes de lotería premiados para Roca, otra de las tramas conocidas en los últimos meses, y que acarreó la detención de su esposa, Rosa Jimeno, su hija María y Antonio Jimeno, su cuñado y ex director de una oficina de La Caixa en Los Alcázares (Murcia). Según informes de los servicios de prevención de blanqueo de capitales, la hija y la esposa de Roca ingresaron 646.033 euros en cuestión de seis meses alegando que les habían tocado varios premios de lotería.
Blanqueo de capitales
Los premios fueron cobrados entre marzo y septiembre de 2005. Las mayores cuantías corresponden a billetes de Lotería Nacional, premiados con 384.000, del 2 de marzo, y 120.000 euros del 30 de septiembre, y cuyas fotocopias se incluyen en el sumario. Antonio Jimeno fue despedido tras una auditoria en la que se encontraron indicios de blanqueo de capitales.
Otra de las actuaciones más recientes del juez instructor ha sido la de establecer una fianza de 50 millones de euros a Monserrat Corulla, una de las principales testaferros de Roca. "La suma se entiende ajustada a las eventuales responsabilidades pecuniarias atendiendo a los recursos en cada una de las sociedades, recordemos que el Palacio de Tepa se ha vendido en una operación en la que intervino Monserrat Corulla, en más de 31 millones de euros lo que por sí mismo justifica la fianza cuyo importe en modo alguno resulta excesivo, sino bastante prudente, siendo más que probable que se incremente a lo largo de la presente causa", adelanta el juez. El pasado 13 de abril Torres le dio un día de plazo a la imputada para que presentara el dinero y le advirtió que, de no hacerlo, procedería al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder de la suma que le reclamaba.
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