Acor no quiere tirar la toalla

La Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (Acor), con unos 8.000 socios y unas 500.000 hectáreas de cultivo, constituye uno de los ejes de la actividad agraria en varias provincias de Castilla y León. Dedicada fundamentalmente a la producción de azúcar, con una cuota de 167.000 toneladas, la reforma de la OCM ha llevado los interrogantes a la sociedad ante las ayudas por abandonar la actividad propuestas por Bruselas.

La cooperativa se ha incorporado tarde a la diversificación de su actividad con la puesta en marcha de una planta de biodiésel

Acor es la mayor cooperativa agroalimentaria de Castilla y León, con casi 8.000 socios y una facturación superior a 200 millones de euros

Mientras una minoría de socios estarían dispuestos a dejar de producir y cobrar las ayudas, una mayoría apuesta por seguir desde posiciones de competitividad y diversificación. "Acor", señala su actual presidente, Carlos Rico, reelegido hace sólo unos meses, "representa mucho para el conjunto del sector agrario de la comunidad autónoma como para adoptar decisiones que puedan suponer el cese de actividad en el campo. La cooperativa es el eje en la vida económica en el medio rural, crea riqueza, fija población y tenemos la obligación de defender su mantenimiento frente a quienes sólo pueden ver negocio por abandonar y percibir unas ayudas. Eso es por lo que vamos a luchar los responsables de la cooperativa desde una producción de azúcar competitiva y una política de diversificación agrícola".

España tuvo históricamente una cuota azucarera de un millón de toneladas, que en la actualidad se ha reducido a solamente unas 890.000 con los abandonos de la campaña anterior. Tras el cierre de Azucareras Reunidas de Jaén, la cuota se la reparten sólo dos grupos, Azucarera Ebro y Acor, con 167.000 toneladas de cuota

En la última década, ante las amenazas que se preveían sobre el sector comunitario del azúcar, otros grupos como Ebro Puleva hicieron una clara apuesta por diversificar su actividad, reduciendo el peso de la remolacha en su cuenta de resultados. En el caso de Acor, aunque su anterior presidente, Fausto Morales, flirteó con numerosos proyectos de diversificación en el sector agrario, la realidad es que falleció sin poner en marcha ninguno, y además en medio de críticas a su gestión por el disfrute de prebendas de todo tipo a cuenta de la sociedad. Acor, aunque podía haber sido el motor del conjunto del sector agrario en la comunidad autónoma, como Coren en Galicia o Clas en Asturias, durante su mandato se limitó a tener una presencia en el azúcar y derivados, donde el mercado y el beneficio estaban prácticamente seguros. Hoy han cambiado los tiempos.

Con esta herencia sobre la mesa y el azúcar como eje de su actividad, la empresa se debe enfrentar en la actualidad a la estrategia comunitaria diseñada para que el sector en los países del sur abandone el cultivo de la remolacha por la vía de elevadas ayudas para evitar excedentes. En esta coyuntura, la cooperativa trabajan en dos frentes.

En el primero, lucha para evitar que se pueda producir un abandono generalizado de cultivadores ante las suculentas ayudas ofertadas por la UE para dejar las siembras. De los 8.000 socios hay más de 2.000 que no mantienen su actividad. Para un colectivo muy importante, lo más fácil en este momento, mirando sólo sus intereses, sería liquidar su cuota y cobrar la ayuda por reestructuración. Estos fondos, además, se podrían incrementar si la sociedad pusiera en venta los terrenos de su planta cerrada en las inmediaciones de Valladolid. Abandonar cuota pondría sin embargo en peligro la propia viabilidad de su única planta azucarera en Olmedo.

Los responsables de la cooperativa consideran que, efectivamente, los abandonos suponen un riesgo ante la oferta comunitaria, pero consideran que, al menos hasta la fecha, por cada agricultor que ha señalado su intención de abandonar hay cinco dispuestos a producir su cuota. Para que esos agricultores sigan, reconoce su presidente, es preciso pagar el azúcar a un precio remunerador que se sitúa en un mínimo de 40 euros tonelada, "como hicimos en la campaña anterior". Carlos Rico reconoce que el sector remolachero va a pasar tres años duros, hasta que se proceda al ajuste con la OCM.