Alemania y Holanda anuncian sendas regularizaciones masivas de inmigrantes

Alemania y Holanda comunicaron ayer al resto de países de la UE su intención de regularizar a decenas de miles de inmigrantes que viven desde hace más de un lustro en ambos países. Es la primera vez que un Estado europeo informa a los demás de sus planes de regularización, exigencia nacida después de que España pusiera en marcha el proceso de normalización de 2005. La regularización española suscitó numerosas críticas, y las más duras fueron formuladas precisamente por Alemania y Holanda, que ahora cambian su política migratoria.

La regularización alemana beneficiará a "unas cien mil personas", según calculó el ministro del Interior de ese país, Wolfgang Schäuble, a requerimiento del representante de Austria. La holandesa afectará, por lo menos, a 26.000, informaron fuentes de ese país. Ambas se refieren a antiguos demandantes de asilo cuyas solicitudes fueron desestimadas y pasaron a convertirse en inmigrantes sin papeles, y sus condiciones -los aspirantes deberán acreditar un tiempo de permanencia en el país, carencia de antecedentes penales, un contrato de trabajo y el pago de impuestos- son muy similares a las del proceso de normalización que llevó a cabo el Gobierno español en 2005 que criticaron duramente.

En concreto, Berlín quiere documentar a unas 80.000 personas a las que hace al menos ocho años denegó el estatuto de refugiados políticos, pero a las cuales permitió quedarse en el país de manera temporal. Ahora, estos inmigrantes podrán legalizar su situación si consiguen demostrar que tienen un trabajo -o son capaces de conseguirlo de aquí a 2009- y que pagan impuestos. Este grupo está compuesto, sobre todo, por ciudadanos procedentes de los Balcanes que huyeron en masa de las guerras que se libraron en sus países a mediados de los noventa. El Gobierno alemán cifra en 175.000 los aspirantes a refugiados que residen en el país, la mayoría de ellos bien integrados y con hijos nacidos en Alemania. El proceso de regularización alemán debe aún pasar el trámite parlamentario, pues implica la reforma de la Ley de Inmigración, lo que sucederá en los próximos dos o tres meses.

Por su parte, el Gobierno holandés quiere regularizar la situación de, al menos, unas 26.000 personas, que viven desde hace más de un lustro en el país sin papeles. Ese número corresponde a aquellos individuos que solicitaron el asilo político en Holanda antes de 2001, y en su mayoría se trata de iraquíes, afganos e iraníes. Esta iniciativa holandesa nace de un pacto del nuevo Gobierno compuesto por socialistas y cristiano demócratas, y que se pondrá en marcha el próximo mes de mayo, previa aprobación en el Parlamento.

Miembros de los Gobiernos de Alemania y Holanda criticaron duramente en el pasado a España por pedir a la UE ayuda para sofocar crisis migratorias como la de Canarias, después de acometer un proceso de regularización en 2005 sin contar con la opinión de sus socios europeos. "Pedir dinero a otra persona es siempre la manera más fácil de resolver un problema", dijo el titular de Interior alemán Wolfgang Schäuble, a los periodistas el año pasado en Tampere, durante un encuentro de ministros de la UE. Rita Verdonk, la ex ministra de Inmigración e Integración holandesa, conocida por su mano dura, opinó entonces: "España es, en parte, responsable del problema por haber legalizado a los inmigrantes. Las mafias vieron en ello una señal positiva", agregó la ministra conservadora ante la prensa. Lejos de recordarles a ambos países sus críticas al proceso español, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, indicó ayer en Luxemburgo, que España "comprende y respeta" las regularizaciones anunciadas ayer y "pone su experiencia a disposición de Alemania y Holanda".

Rumí recordó que la obligación de informar a los demás miembros de la UE antes de realizar una regularización -algo que en última instancia es decisión exclusiva de cada Estado- no existía hace dos años y que por ello el Gobierno español no comunicó sus planes a la Unión.

Pero, además de hablar de regularizaciones, los responsables de Interior de la UE acordaron la puesta en marcha de las llamadas patrullas de intervención rápidas, de las que podrán echar mano los países que padezcan una crisis migratoria o que necesiten la ayuda de policías de otros países durante grandes eventos como, por ejemplo, campeonatos de fútbol.

450 agentes europeos

Unos 450 agentes de fronteras de los Veintisiete compondrán estos equipos, que pueden empezar a funcionar este mismo verano, una vez que el pleno del Parlamento dé el visto bueno a este instrumento, que coordinará Frontex, la agencia europea de Fronteras.

Todos los países de la UE estarán obligados a contribuir con los agentes de que dispongan a este contingente, cuyos miembros vestirán el uniforme de su país de origen, además de un brazalete azul con la insignia de la UE. Estos equipos se desplegarán en un plazo máximo de 15 días a contar desde el momento en el que el país afectado haga su petición a Frontex.

En ese tiempo, la agencia europea deberá responder al Estado solicitante, con el que diseñará un plan operacional, y comunicar al resto de los países qué agentes, con qué perfil y qué medios materiales deben aportar.