Reivindicación implícita de la normalización española
El proceso de normalización que llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 y que convirtió a 600.000 inmigrantes sin papeles en cotizantes a la Seguridad Social, obtuvo ayer en Luxemburgo una reivindicación implícita de los mismos países que lo criticaron. La decisión de Alemania y Holanda de abrir sendas regularizaciones masivas supone, de hecho, un cambio en sus políticas migratorias.
Entre las herencias del Partido Popular que Zapatero se encontró cuando llegó al Gobierno, figuraba una bolsa de casi un millón de trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular. Es decir: un millón de inmigrantes sin papeles que carecían de derechos y que estaban alimentando la economía sumergida.
Para atajar la situación, el Gobierno promovió un proceso de "normalización". Esta última palabra intentaba diferenciarlo de los cinco procesos de regularización masiva e indiscriminada que habían llevado a cabo los Ejecutivos de José María Aznar. Se trataba de reconocer como trabajadores con derechos y deberes a quienes ya eran trabajadores, pero sin derechos ni deberes.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, pactaron con los empresarios y los sindicatos una serie de condiciones que convirtieron la "normalización" en el proceso de regularización más garantista organizado en Europa.
Mercado laboral
El aspecto más llamativo en ese sentido fue la vinculación de los permisos de residencia y de trabajo al mercado laboral. Por primera vez, fueron los empresarios, y no los inmigrantes, quienes tuvieron que solicitar la regularización de éstos por medio de un contrato de trabajo con alta en la Seguridad Social. Es decir, los extranjeros sólo obtuvieron su documentación definitiva cuando ya se habían convertido en cotizantes.
Además, los inmigrantes debieron presentar un certificado del padrón municipal (documento oficial difícilmente falsificable, puesto que su autenticidad fue verificada en las bases de datos del INE) para demostrar su presencia en España desde siete meses antes de la apertura del proceso. Y también tuvieron que aportar el certificado de antecedentes penales en sus países de origen y hallarse limpios en España.
La normalización fue criticada con dureza por Alemania y Holanda. Se quejaban esos países de que España no había alertado previamente a sus socios europeos (no existía entonces obligación de hacerlo) y de que las regularizaciones masivas provocaban un "efecto llamada". Aquellas críticas fueron recogidas por el PP y empleadas como munición contra el Gobierno. Ahora
se han convertido en pólvora mojada.
