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Editorial:

Papeles y más control

La UE ha entendido finalmente que la inmigración es un problema común europeo y empieza a dar pasos en tal sentido. La avalancha migratoria del verano pasado sobre las costas canarias evidenció la falta de instrumentos de solidaridad con uno de sus socios: España. Los medios aportados por la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) bordearon el ridículo. Llegaron luego los compromisos, en la cumbre de diciembre de 2006, para afrontar el grave problema desde la solidaridad, la confianza mutua y la responsabilidad compartida. Alguna de estas promesas, elaboradas a raíz de las presiones del Gobierno español, se han visto traducidas en hechos con las decisiones anunciadas ayer por los ministros de Interior de los Veintisiete para reforzar Frontex y crear una fuerza policial de reacción rápida para auxiliar a los socios que estén envueltos en una crisis migratoria.

No se trata de una fuerza voluminosa, pero encaja dentro de un principio de filosofía solidaria hasta ahora poco evidente en la UE. Desde luego, por modesta que sea la contribución, es mucho mejor que dejar a un socio al albur de sus propias capacidades, como pudo percibir España el año pasado cuando tuvo que frenar la avalancha de cayucos procedentes del África subsahariana. La futura brigada, que podría operar ya este mismo año, estará integrada por unos 450 agentes de fronteras -todos los socios estarán obligados a contribuir con los efectivos que dispongan-, capaces de ser desplegados en un plazo máximo de 15 días a contar desde el momento en que el miembro solicitante haga su petición a través de Frontex. La agencia, aunque cuenta todavía con un presupuesto magro, va a disponer desde ahora con 116 barcos, 27 helicópteros, 21 aviones y casi 400 equipos para el control de fronteras suministrados por los Estados miembros.

Alemania y Holanda han anunciado en Luxemburgo, por otra parte, que se disponen a regularizar la situación de decenas de miles de demandantes de asilo, residentes desde hace tiempo en su territorio. En el caso alemán afectará a unos 80.000 ciudadanos de los Balcanes que lo habían solicitado hace ocho años; y en el holandés, a unos 26.000 refugiados afganos, iraníes e iraquíes que lo pidieron hace cinco. Son regularizaciones distintas (pero no tanto) a la que hizo el Gobierno español en 2005, que alcanzó a unos 600.000 ilegales, y fue criticada en Bruselas por no haber sido ni comunicada previamente ni coordinada con los socios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 21 de abril de 2007