Marbella negra

Los marbellíes van a tener que hacer alardes de memoria para retener y recordar los detalles de todas las operaciones de corrupción que se vienen registrando en la ciudad de la costa oriental andaluza. La última, la denominada Operación Hidalgo, recuerda mucho a la que se destapó en marzo de 2005 (Operación Ballena Blanca) sobre blanqueo de capitales. No tiene nada que ver con la tristemente famosa Operación Malaya, que estalló en marzo del año pasado y en la que se vieron implicados alcaldes, miembros y empleados de la corporación municipal, constructores y otros empresarios. Ahora han sido alcanzados un afamado bufete de abogados, tres notarios, dos de los cuales habían sido ya detenidos durante el caso Ballena Blanca, así como una veintena de personas relacionadas con la droga, el fraude fiscal, la prostitución y hasta la venta de armas. Todo un obsceno historial.

El modus operandi resulta parecido al de Ballena Blanca: una gran red de sociedades tapadera, con ramificaciones en otros países, a través de las cuales se ocultaba a propietarios de cientos de inmuebles no sólo en la Costa del Sol, sino también en otros lugares de España. Resulta ya ocioso reiterar el alto nivel de putrefacción político-económica al que ha llegado Marbella. La ciudad está gobernada desde hace casi un año por una junta gestora tras la Operación Malaya. Suenan a hueco los llamamientos en favor de la ética, aunque, al menos, sea esperanzadora la labor de la Fiscalía Anticorrupción en la persecución del crimen organizado, pues ha empezado a dar señales de progresos. Hasta hace poco, la sociedad marbellí era más o menos consciente de las corruptelas urbanísticas y de la delincuencia económica en connivencia y gracias a la negligencia de partidos, jueces y policías, pero lo asumía como si fuera un tumor incurable.

Por desgracia, la corrupción urbanística no se ciñe sólo a la ciudad de Marbella. Es una práctica que azota seriamente muchos otros lugares de la Península, una vergonzante cultura que ha impregnado a administraciones municipales y a las fuerzas políticas, como acaba de señalar un informe del Parlamento Europeo. Hay que dotar a la justicia y a la policía de más instrumentos para acabar con esa lacra, además de desarrollar regulaciones urbanísticas más severas. Pero no basta con ello. Es muy preocupante el nivel de implicación en estos escándalos de blanqueo de dinero de colectivos profesionales como los abogados, notarios, registradores de la propiedad o agentes inmobiliarios, que también tienen algún tipo de responsabilidad en la defensa y preservación de la legalidad.