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Promotores e intermediarios aceptan el pacto para la vivienda, pero sugieren modificaciones

Empresarios y sindicatos piden concretar los suelos que se movilizarán para pisos sociales

El borrador del Pacto Nacional para la Vivienda ha sido aceptado con matices por los promotores, intermediarios de la propiedad inmobiliaria y sindicatos, que cuentan con sus cooperativas. A la espera de reunirse con representantes de la Generalitat para fijar una posición oficial, aplauden que el Ejecutivo busque un consenso político y civil. Aun así, la propuesta genera dudas. Quieren conocer el suelo que se movilizará para los 160.000 pisos sociales previstos y que se concreten infraestructuras para que las nuevas viviendas estén bien conectadas con las ciudades.

La mayoría de los agentes que deberán participar en el pacto todavía están estudiando el contenido de la propuesta del Gobierno catalán, y aunque algunos tienen más reticencias de partida que otros, todos aceptan negociar el texto.

La Asociación de Promotores y Constructores de Barcelona no expondrá su posición oficial hasta el martes, cuando ya dispondrán de un informe jurídico al respecto. Sin embargo, fuentes de la patronal inmobiliaria recordaron que fueron ellos quienes propusieron un acuerdo a largo plazo que permita trazar una política de vivienda.

Las mismas fuentes explicaron que en los últimos 30 años los gobiernos central y autonómico han elaborado siete planes y 14 leyes de vivienda y urbanismo, por lo que un pacto para un periodo largo les dará seguridad jurídica. No obstante, avanzaron que exigirán un plan de infraestructuras para que los nuevos desarrollos que surjan de la movilización de suelo para levantar los 160.000 pisos sociales estén conectados con las principales ciudades.

La obtención de terrenos es la principal duda de todos. La secretaria del área socioeconómica de Comisiones Obreras, Dolors Llobet, aseguró que el sindicato está "de acuerdo" con el pacto "siempre que no sea una declaración de principios". Aun así, recordó que queda por saber "de dónde saldrá el suelo" para las viviendas y añadió que en ningún caso el pacto puede servir para rebajar los contenidos de la Ley del Derecho a la Vivienda, en especial el alquiler forzoso y las reservas para vivienda pública en suelo urbano consolidado, es decir, en los terrenos de los núcleos urbanos donde el planeamiento ya preveía la edificación de viviendas.

Más escéptica se mostró la secretaria de Política Institucional de UGT, Eva Granados. El sindicato, especialmente crítico con la política de vivienda del Ejecutivo, lamenta que se haya optado primero por aprobar el Decreto para el Plan para el Derecho a la Vivienda y tramitar la ley, y luego buscar el consenso. A pesar de ello, Granados aseguró que negociarán el texto, aunque exigirán que se incluya dentro del acuerdo estratégico de competitividad y que el Gobierno presente una memoria económica. Además, Granados alertó sobre la dificultad que supondrá para algunos agentes sociales y económicos alcanzar un pacto cuando están en contra de determinados aspectos de la ley de vivienda.

"Elemento novedoso"

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Joan Ollé, consideró que el documento es "un elemento novedoso y positivo" y se mostró dispuesto a participar en las negociaciones. "Si fijamos las bases para trabajar a largo plazo, podremos marcarnos una estrategia", afirmó. Pese a que el acuerdo prevé negociaciones con el Gobierno central para mejorar la fiscalidad de los alquileres, Ollé pidió que se concrete su participación. "Si no, sucederá como ahora, que muchas medidas de la Generalitat para fomentar el arrendamiento se diluirán al chocar con la agresividad fiscal", remachó.

Acuerdo para construir pisos protegidos

Representantes de la Generalitat y de la Mancomunidad de municipios de Cataluña firmaron ayer el convenio que dará luz verde a la creación de un consorcio encargado de construir vivienda protegida en el área metropolitana de Barcelona. El consorcio se constituirá en mayo y coordinará las actuaciones entre los diversos municipios para levantar pisos protegidos de venta y alquiler en un área que concentra a casi el 50% de la población catalana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 14 de abril de 2007

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