Los perceptores andaluces de la renta agraria se quintuplican desde 2003

Un total de 81.671 jornaleros andaluces han salido del subsidio agrario desde que, en mayo de 2002, el Gobierno central aprobó el polémico decreto, que restringía el acceso a esa prestación con duras condiciones. Parte de esos trabajadores se han integrado en la renta agraria, la prestación alternativa creada, que se ha multiplicado por cinco desde el año 2003, aunque aún no cubren ni la mitad de todas las bajas del subsidio.

Tras equiparar el Gobierno actual los derechos entre los perceptores del subsidio y de la renta agraria, los sindicatos urgen ahora al Ejecutivo a integrar a los trabajadores del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) en el Régimen General, una vieja reivindicación.

Los beneficiarios de la renta agraria en Andalucía han pasado de los 6.630 en 2003 a los 33.448 en 2006. Esa cifra queda aún lejos de las 81.671 bajas que se han producido en el subsidio agrario en el mismo periodo, pues se pasó de los 300.042 jornaleros en 2003 a 218.371 en 2006. Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se considera que el volumen de jornaleros protegidos tiende a estabilizarse, pues también computa los 8.238 perceptores de la prestación por desempleo de nivel contributivo, dirigida a los trabajadores eventuales que sí optan al desempleo general por acumular un número elevado de jornales.

Esta disminución del número de perceptores del subsidio se ha notado en los ingresos recibidos por los trabajadores del campo. Sólo en el primer año de implantación del decretazo, en 2003, dejaron de llegar a Andalucía 78 millones de euros, aunque en los últimos años el gasto por todas las prestaciones sociales se ha ido nivelando. Así, si en 2002 el gasto del subsidio agrario en Andalucía era de 894,8 millones de euros, el año pasado la cantidad percibida por los jornaleros del régimen agrario fue de 873,6 millones, contando no sólo a los perceptores del subsidio, sino también a los de la renta agraria y los de la prestación contributiva, y ello sin contar el gasto que suponen las jubilaciones de los trabajadores eventuales agrarios.

Estos datos, ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, desbaratan los que había ofrecido recientemente Izquierda Unida, que cifró, en una pregunta parlamentaria, en 406 millones de euros los que había dejado de recibir Andalucía por la salida del subsidio de 144.000 jornaleros (han sido 81.671).

El diputado Antonio Romero ha instado a la Junta de Andalucía a que, de acuerdo con lo que figura en el nuevo Estatuto de Autonomía andaluz, "plantee una negociación con el Gobierno central para la retirada completa del decretazo, en cumplimiento con lo que se plantea en el Estatuto sobre la relación competencial entre comunidad autónoma y Estado en materia de Seguridad Social y trabajadores del campo".

Sin embargo, la prioridad del Gobierno no pasa tanto por la restitución de los derechos anteriores al decretazo como por la integración de los trabajadores del REASS en el Régimen General. El secretario de Desarrollo Rural del PSOE de Jaén, José Álvarez, se muestra convencido de que la integración se producirá en esta legislatura, y que se hará "sin pérdida de derechos por parte de los trabajadores eventuales agrarios".

Los sindicatos apremian la integración. Pedro Marcos, secretario de la Federación Agroalimentaria de UGT en Andalucía, recuerda que la desaparición del REASS fue un compromiso que asumieron todos los partidos políticos en el Pacto de Toledo de 1995. "El REASS es discriminatorio, injusto, insolidario y perjudicial para los trabajadores del campo", apunta Marcos, que cita como causas de ese agravio la mayor cotización de los jornaleros agrarios, la menor pensión de jubilación o la imposibilidad de tener acceso al subsidio de desempleo general y de jubilarse de forma anticipada.

El subsidio agrario es una prestación que aprobó el Gobierno de la nación a la que podían acceder unos 600.000 jornaleros de Andalucía y Extremadura adscritos al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, aunque la media anual de los que lo han venido cobrando ha sido de unos 240.000 jornaleros. Para que los jornaleros pudieran acceder a las peonadas necesarias (35) para poder cobrar el subsidio (el 75% del salario mínimo interprofesional durante seis meses) se creó también el Plan de Empleo Rural (PER).

Tanto el subsidio agrario como el PER han pervivido desde entonces aunque han sido motivo de enfrentamiento permanente entre PSOE y PP. La principal prueba de supervivencia del subsidio se produjo en mayo de 2002, cuando el Gobierno del PP aprobó el polémico decreto, que imponía duras condiciones a los jornaleros para acceder a esa prestación. Entre ellas, que sólo pudieran acceder al subsidio los que lo hubieran cobrado en los tres años anteriores, lo que en la práctica cerraba la puerta a nuevas incorporaciones. Tras las presiones de los sindicatos, el Gobierno estableció en 2003 una prestación alternativa -la renta agraria- para los jornaleros expulsados del subsidio.