Un juez investiga al CSIC por contaminar un acuífero en Valencia

Año y medio de prisión por un delito contra el medio ambiente. Es la sanción que propone la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra los responsables de un antiguo laboratorio del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en Pobla de Farnals. En el 2000 trasladaron la investigación a las nuevas instalaciones de la Universidad Politécnica y en la mudanza llegaron a contaminar un acuífero natural de la huerta, según los informes encargados por la fiscalía. Las sustancias afectaron los pulmones de un vecino de la parcela del CSIC.

Los invernaderos se parecen más a un vertedero que a un centro de investigación

Desde el 2000 el olor se hizo insoportable. Las ratas ocuparon el lugar antes frecuentado por los científicos y el agua del grifo salía contaminada. Así lo describe un vecino de la parcela y afectado por la supuesta negligencia, que prefiere permanecer en el anonimato. Una denuncia suya obligó a que una brigada especializada de la Guardía Civil acudiera hace tres años con trajes especiales a limpiar la parcela contaminada. El daño ya estaba hecho. Sus pulmones se encuentran afectados por haber respirado durante años "un olor parecido al yodo", según lo describe. Sus órganos estaban expuestos a plaguicidas utilizados para crear fórmulas para el tratamiento de cultivos, según la fiscalía.

El Instituto de Biología Molecular y Celular de las Plantas, situado ahora en las instalaciones de la Universidad Politécnica en Valencia, fue creado en 1992 para investigar las posibilidades de la aplicación de la biotecnología en las técnicas de cultivo y desarrollo vegetal. Desde 1996 ocupó las instalaciones de Puebla de Farnals en colaboración con el CSIC.

El aspecto de los antiguos invernaderos es más parecido a un vertedero que a un antiguo centro de investigación. Un informe del Instituto Nacional de Toxicología, encargado por la fiscalía de medio ambiente de la Generalitat, llegó a encontrar 26 productos químicos acumulados junto a los residuos de la planta experimental "durante un periodo indeterminado de años". Los suficientes como para que las culebras se convirtieran en los habitantes habituales de esta parcela.

Para Vicente Conejero, director del instituto y uno de los acusados, "los informes son una tontería". "Lo que ocurre es que la fiscalía de medio ambiente ve un bote de pintura en el campo y enloquece", explica. El laboratorio ha aportado, a la fase de instrucción en la que se encuentra el caso, informes que demuestran que las sustancias eran inocuas, según afirma Conejero. El científico, que admite que es un problema heredado del anterior director del instituto, no quiso facilitar los informes que desmienten a la Fiscalía. Según Conejero, el caso está en fase de instrucción y sólo debe ser el juez el que tenga acceso a las pruebas. En todo momento, resta gravedad a las acusaciones y está convencido de que el caso se sobreseerá.

El funcionario del CSIC niega incluso que las sustancias hayan colaborado en la propagación de ratas y culebras. "Es normal que haya este tipo de animales. Ocurre en todas las acequias", afirma. Sin embargo, el vecino de la finca experimental ha percibido un aumento "desmesurado" en los últimos años. "He tenido que lanzar raticidas a través de la valla para controlarlas", responde el afectado.

Sin embargo, fuentes de la fiscalía advierten de la gravedad del caso. Y descartan el archivo del caso. Un juzgado de Massamagrell estudia el litigio desde hace dos años. El informe ecotoxicológico que ha tenido en cuenta la fiscalía para llegar incluso a pedir prisión para Conejero, advierte del peligro de propagación de las sustancias analizadas, a través del aire, el agua o el suelo. Los residuos afectan de "grave riesgo sobre el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas afectadas", según el informe firmado por Luis Burillo Borrego, ecotoxicólogo forense.

El estudio señala el riesgo de los residuos por la movilidad del suelo donde fueron vertidos, la volatilidad de su composición, la facilidad para disolverse en el agua y la capacidad de bíoacumulación. La inspección contó con la colaboración del Laboratorio de Salud Pública de la Generalitat que realizó los análisis de plaguicidas del pozo del vecino intoxicado.