Los ecologistas crean un frente contra la instalación de piscifactorías en Red Natura

La intención del Gobierno gallego de permitir que se amplíen piscifactorías ya construidas en terrenos protegidos ha puesto en pie de guerra al movimiento ecologista. Una veintena de grupos conservacionistas exige a la Xunta que paralice la tramitación del plan de acuicultura en el que se definirán los espacios donde se podrán ubicar granjas marinas. Los colectivos demandan que no se apruebe el documento hasta que no estén en vigor normas como la denominada Ley del Paisaje. Si no, alertan, estas plantas tendrán consecuencias "nefastas y dramáticas" para el litoral.

Quince de los espacios costeros que la Consellería de Pesca proponía como aptos para acoger piscifactorías en el primer borrador de su plan acuícola invadían áreas protegidas. El Gobierno gallego asegura que esa propuesta de diciembre 2006 ya está siendo modificada y que el documento final, que se aprobará antes de julio, no incluirá ninguna granja marina de nueva construcción en zonas preservadas por la Red Natura, aunque no descarta que se permita ampliar en estos terrenos plantas ya existentes.

Una veintena de grupos ecologistas gallegos se reunieron el pasado fin de semana para analizar el contenido del primer borrador del plan de acuicultura y las modificaciones que este departamento dice haber introducido en el documento. Los colectivos, entre ellos Adega, Verdegaia, la Federación Ecoloxista Galega y varias plataformas vecinales han acordado rechazar cualquier afección a terrenos incluidos en la Red Natura y a zonas de servidumbre de Costas, ya sea con plantas existentes o de nueva construcción, para no incurrir en un "agravio comparativo" con los vecinos de estas zonas.

"Permitir eso [afectar a Red Natura] sería consolidar una situación irregular que promovió el PP", argumenta Fins Eirexas, de Adega, quien critica la "falta de transparencia" de la Xunta en la elaboración del plan acuícola.

Los ecologistas demandan que se paralice la tramitación del documento que definirá espacios aptos para instalar plantas. Consideran que la Xunta debe aprobar antes las directrices del territorio de Galicia, una ley de protección del litoral y la Ley del Paisaje, una norma que ya prepara la Consellería de Medio Ambiente. "Si se hace este proceso al revés las consecuencias para el litoral serán nefastas y dramáticas", alertan las agrupaciones.

Las asociaciones conservacionistas solicitan a la Administración que obligue a las empresas acuícolas a ubicar sus instalaciones fuera de la franja litoral de 500 metros y que no se permita su construcción en contra del criterio de los vecinos de la zona.