Multas hasta de 90.000 euros por actitudes discriminatorias

¿Cree que no la han contratado por ser mujer? ¿Ha visto cómo a sus compañeros le subían el sueldo por hacer lo mismo que usted? ¿Considera que la empresa la ha echado porque se ha quedado embarazada? Si responde sí a estas preguntas y ha decidido demandar a su empresa quizá le valga la pena esperar a que la Ley de Igualdad entre en vigor. Con la nueva norma, si los jueces consideran que hay indicios de discriminación, no le pedirán a usted que aporte las pruebas. Será la compañía la que tenga que justificar, de forma "objetiva y razonable" y con pruebas, las medidas adoptadas. La discriminación por razón de sexo puede llegar a acarrear sanciones hasta de 90.000 euros según esta Ley.

Las empresas tendrán que ponerse las pilas para reducir la desigualdad. Las grandes compañías (de más de 250 trabajadores) estarán obligadas a negociar con los trabajadores medidas en este sentido y negociar en sus convenios planes de igualdad. Tendrán que estudiar la composición de la plantilla y, en caso de haber desigualdad tendrán que establecer medidas correctoras. En las empresas más pequeñas el deber se restringe a la negociación, es decir, que las compañías no estarán obligadas a llegar a un acuerdo. Además, las grandes empresas tendrán que informar a los sindicatos sobre sus planes y ofrecer datos desgregados de la empresa por sexos.

El objetivo de todo esto es conseguir que los consejos de administración estén formados en un 40% por mujeres cuando la Ley lleve cuatro años en vigor. Todas las compañías que tengan más de 50 trabajadores, facturen más de 4,75 millones de euros o tengan activos superiores a los 2,37 millones procurarán incluir en su consejo al menos un 10% anual de mujeres hasta alcanzar la meta del 40%. Las empresas que más igualdad demuestren podrán usarla como argumento incluso para obtener un contrato con la administración pública. A igualdad de ofertas se elegirá a la compañía más igualitaria.