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Un alto cargo de Castilla y León manipuló el informe clave que impedía talar en Navas

El director de Medio Natural citó como favorable el dictamen contrario del jefe de Ávila - El técnico se opuso a levantar 1.600 chalés en un pinar protegido por su daño a las cigüeñas

La investigación judicial comienza a explicar cómo altos cargos de la Junta de Castilla y León, del PP, impulsaron una urbanización de 1.600 chalés en un pinar protegido de Las Navas del Marqués (Ávila) en contra de sus técnicos. En la información judicial destaca el informe del 5 de noviembre en el que el director de Especies Amenazadas de Ávila, Sabas Yagüe, afirmó que parte de la finca era zona crítica para la cigüeña negra, lo que impedía la recalificación. Pese a ello, ocho días después, el director de Medio Natural, Mariano Torre, autorizó la urbanización citando el informe aludido como si hubiera sido positivo.

La Junta trasladó al funcionario que alertó tres veces del impacto en especies como el lince
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Una tramitación opaca e irregular

La tramitación de la Ciudad del Golf, en un pinar protegido de Ávila en el que cría la cigüeña negra, estuvo plagada de irregularidades. En 2002, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, todos del PP, pactaron en privado con el promotor Francisco Gómez, El Paloma, venderle el suelo antes de subastarlo. Finalmente, le vendieron el doble del área urbanizable por el mismo precio pactado. En octubre pasado, el Tribunal Superior de Castilla y León sentenció que la recalificación era ilegal. Un juez de Ávila investiga ahora si hubo prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación, y si el constructor cometió delito al talar 2.243 pinos pese a la sentencia contraria.

En las dos cajas de documentos remitidas al juzgado queda claro que algunos técnicos se opusieron a la urbanización, como el jefe de la sección de Urbanismo, la representante de la Consejería de Cultura y el técnico jurídico de Urbanismo. Pero sus opiniones no eran vinculantes. La Junta las ignoró sin problemas.

El escollo llegó con el jefe de sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de Ávila, el ingeniero de Montes Sabas Yagüe. Antes de aprobar la recalificación, la Comisión de Urbanismo pidió el visto bueno de este departamento, ya que las 210 hectáreas de la urbanización estaban protegidas, pero 12 de ellas eran intocables al ser "área crítica de la cigüeña negra", donde hay nidos o se alimenta este animal en extinción.

El 19 de septiembre de 2003, Yagüe firmó un dictamen durísimo en el que destacaba que la urbanización estaba prevista en zona de cría de cigüeña negra y sensible para el águila imperial, especies "en peligro de extinción"; que "la eliminación de 35.000 árboles y la pérdida de 210 hectáreas de masa forestal arbolada supone la destrucción del hábitat de las especies en toda esa superficie, con la consiguiente merma de su área de campeo, alimentación y nidificación que necesariamente repercutirá negativamente en dichas especies".

El informe señalaba también "la presencia de algunos ejemplares de lince ibérico" y criticaba la repoblación prevista en otra zona no protegida y las demás medidas de compensación. "Globalmente se informa desfavorablemente el proyecto" y "ni siquiera la puesta en práctica [de todas las medidas correctoras] evitaría un perjuicio neto al ecosistema", reza el texto.

Dos semanas después, el 5 de noviembre de 2003, a petición del director general Mariano Torre, Sabas Yagüe emitió un nuevo informe contrario, esta vez más ambiguo. En él destaca que las 12 hectáreas "suponen el 0,8 por mil del total del área crítica", pero que "la calidad de la parcela como zona de nidificación es alta", aunque su pequeño tamaño "podría permitir pensar que la parcela no es vital para la conservación de su especie". En sus conclusiones afirma que "la parcela mantiene todos los valores que condujeron a su declaración como área crítica", y que el hecho de que la Junta lo hubiese descatalogado como monte de utilidad pública para urbanizar no implicaba que no fuese área crítica para la cigüeña. Las conclusiones eran ambiguas aunque dejaban claro que la zona seguía siendo área crítica y, por lo tanto, intocable.

De este informe, el jefe de Yagüe en Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, extractó las partes menos críticas y apoyó que se excluyeran las 12 hectáreas del área crítica para la cigüeña negra. Pardo Ontoria era miembro de la comisión de urbanismo que recalificó el terreno. El 11 de noviembre de 2003, el director de Especies Protegidas de Valladolid, José Ignacio Molina, y el de Espacios Naturales, José Ángel Arranz, hicieron un nuevo informe en el que justificaban la urbanización y corregían al jefe de Ávila, contrario a la urbanización.

Dos días después, Mariano Torre, director general de Medio Natural, firmaba un informe en que aprobaba construir en un área crítica de cigüeña negra. El Tribunal Superior de Castilla y León ya ha sentenciado que esa decisión "vulnera frontalmente" el decreto de recuperación de la cigüeña de la propia Junta. Ese informe es, según las fuentes consultadas, la pistola humeante, el error que puede implicar a Torre y a la cúpula de la Junta, ya que basaba la decisión en "el informe elaborado por el servicio territorial de Ávila", el de Sabas Yagüe. En contra de lo suscrito por Torre, ese dictamen se oponía a la urbanización. El informe del director general -firmado junto a Arranz- sostiene: "Como ha quedado acreditado en el informe elaborado por el servicio territorial de Ávila y ya aludido, se acredita que en el terreno afectado no concurren las circunstancias" para que deba ser protegido y que "se considera que el proyecto no supone una afección para la especie y su hábitat".

Con esa manipulación -citar como favorable un informe contrario y atribuir al responsable de Ávila la decisión-, las acusaciones intentarán imputar a Torre Antón. La Junta y Torre Antón se han negado a comentar la noticia.

Sabas Yagüe dejó clara su oposición durante la tramitación de impacto ambiental. El 16 de febrero de 2004 firmó un dictamen en el que repetía que ni las medidas de compensación proyectadas "evitarán un perjuicio al ecosistema". Este tercer informe contrario no sirvió de nada. La Junta aprobó en abril de ese año definitivamente la recalificación, y poco después destinó a Sabas Yagüe a otra sección.

Tala de 2.243 árboles el pasado 9 de octubre en el pinar de Las Navas del Marqués, tres días después de que el Tribunal Superior de Castilla y León anulase la recalificación.
Tala de 2.243 árboles el pasado 9 de octubre en el pinar de Las Navas del Marqués, tres días después de que el Tribunal Superior de Castilla y León anulase la recalificación.CRISTÓBAL MANUEL

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