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La Junta amenaza a Delphi con la vía penal por el cierre de Puerto Real

El presidente del comité dice haber recibido ofertas de bufetes para "comprar voluntades"

El delegado de Empleo de la Junta en Cádiz, Juan Bouza, entregó ayer al gerente de la factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz), Gonzalo Herrera, una carta en la que la que advierte a la empresa de automoción de la ilegalidad de su anuncio de cierre. Un notario certificó la entrega del escrito, en la que se hace alusión a la posible comisión de dos delitos. Por otro lado, el presidente del comité de empresa, Antonio Pina, denunció los intentos de "compra de voluntades" recibidos por los sindicalistas de la empresa de parte de dos gabinetes jurídicos contratados por la multinacional.

Según la carta de la Junta, Delphi debería haberle comunicado, como administración competente en materia de empleo, la decisión de clausurar la planta de Puerto Real. El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores obliga a las empresas a solicitar una autorización administrativa y, en caso de contar con más de 50 trabajadores, a presentar un plan de acompañamiento social que contemple las medidas previstas para reducir los efectos de un despido colectivo. Sin embargo, según recoge el comunicado, "nada de esto se ha comunicado o puesto a disposición de esta autoridad laboral".

La Consejería de Empleo recuerda también en su escrito la existencia de un plan industrial 2005-2010, "con determinados compromisos en materia de empleo de carácter fijo", y cuyo cumplimiento es también exigible a la empresa.

Los incumplimientos de estos acuerdos, advierte la carta de la Junta, "pudieran incluso ser constitutivos de un presunto delito previsto en el artículo 311 [delitos contra los derechos de los trabajadores mediante "engaño o abuso de situación de necesidad"] o, en su caso, el 257.2 [alzamiento de bienes] del vigente Código Penal".

De hecho, el delegado de Empleo informó de la intención de llevar a la empresa a los tribunales si ésta no rectifica: "No hay justificación para lo que han hecho. Delphi formaba parte de la geografía industrial de la Bahía de Cádiz, es demasiado importante para caer en frivolidades o, incluso, en una actitud irresponsable".

El delegado confirmó que la administración autonómica está dispuesta "a presentar cuantas demandas sean necesarias" no sólo porque se hayan conculcado los derechos de los trabajadores, "sino también de toda la ciudadanía y de la administración". "Delphi no escapará de la legalidad, no es diferente del resto", sentenció Juan Bouza.

El gerente de la planta recibió el documento y aseguró que tramitaría la solicitud de la Consejería de Empleo. Según comentó Bouza a la salida de la factoría, "Herrera nos ha transmitido también su preocupación y ha asegurado que busca alternativas", aunque no supo concretarlas.

El comité de empresa está elaborando un informe con la información económica de la planta de Delphi. Su intención es entregársela a la Junta de Andalucía para que ésta la utilice en caso de que se persone como acusación particular. Para el presidente del comité, existen sospechas de que la factoría de Puerto Real pudiera haber desviado parte de las ayudas públicas al extranjero: "Vamos a ver dónde se ha marchado ese dinero público que ha malversado la empresa enviándolo al extranjero, posiblemente a Polonia". Esta información demostraría, según Pina, que el cierre de la planta gaditana no obedece a la falta de competitividad de la factoría, como ha alegado la dirección, sino que responde a un proceso de deslocalización de la multinacional de automoción.

Por otro lado, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, se reunió ayer con el presidente del comité de Delphi y los secretarios generales de Comisiones y UGT en Andalucía. En la reunión se acordó crear un organigrama de crisis, tanto a nivel local como regional, que como primer objetivo se ha fijado buscar en Delphi un interlocutor válido. Asimismo, Chaves prometió abordar el asunto en la reunión que mantendrá hoy con el presidente del Gobierno para abordar el resultado del referéndum del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Por otro lado, el presidente del comité sindical de Delphi, desveló que la carta entregada por la compañía a los trabajadores anunciando el cierre no contiene una fecha concreta para llevar a cabo esta medida. Asimismo, Antonio Pina indicó que representantes de dos bufetes y de la propia empresa han intentado en estos días "comprar voluntades" de los miembros del comité, "para abrir fisuras".

Pina indicó que, lo que la empresa parecía pretender con la carta, es que el viernes los trabajadores utilizaran la violencia y destrozaran la factoría. "Esperaban que la fábrica saliese ardiendo y así facilitarles el cierre, pero se han encontrado una sorpresa. El viernes salió otro pedido a proveedores".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de febrero de 2007