El número de abortos aumentó un 25% en cuatro años

Galicia registra un aumento paulatino del número de abortos, que han pasado de los 2.508 de 2001 a 2.619 en el 2002 y a 3.123 en el 2005, último año del que existen cifras oficiales disponibles. La mayoría de las gallegas que se someten a una interrupción voluntaria del embarazo son, además, menores de 25 años y en un 12%, menores incluso de 18. A pesar de esta creciente demanda entre las mujeres, en la sanidad pública gallega hay sólo tres especialistas en ginecología que practican abortos. El resto se acoge a la cláusula de objeción de conciencia.

El grupo parlamentario del Bloque Nacionalista Galego se basa en estos datos que demuestran un incremento en el número de abortos para reclamar una Ley de Plazos que garantice a las mujeres la posibilidad de interrumpir sus embarazos, de hasta 16 semanas de gestación, en el Servicio Galego de Saúde (Sergas). La diputada nacionalista Ana Belén Pontón ha registrado una proposión no de ley en el Parlamento para instar a la Xunta a que reclame del Gobierno central esta Ley de Plazos encaminada a "descriminalizar la práctica" de la interrupción del embarazo y situar a Galicia y a España "en la tónica general de los países del entorno europeo".

Pontón pone de manifiesto las dificultades con las que se encuentran las mujeres ante una legislación "que no regula el aborto de forma positiva" sino que lo despenaliza en tres supuestos concretos (peligro de salud física o psíquica de la madre, taras físicas o psíquicas del feto o si el embarazo es consecuencia de una violación previamente denunciada).

Privatización del aborto

El BNG responsabiliza al anterior Gobierno autonómico de haber propiciado la privatización de las interrupciones voluntarias de embarazo "convirtiéndose en anécdota los abortos realizados en la sanidad pública y con graves perjuicios para las mujeres de menos recursos económicos".

Frente a ello, la parlamentaria nacionalista valora el compromiso del actual Gobierno bipartito encaminado a garantizar que, al menos en los supuestos previstos, los abortos se puedan realizar ya en la sanidad pública. Una medida que, en cualquier caso, considera insuficiente a la vista de los datos de la Federación de Planificación Familiar de España, según los cuales un 95% de los abortos se llevan todavía a cabo en clínicas privadas.

La representante del BNG alude a la "falsa moralidad" de los detractores de la despenalización para recordar que "el control de la moral no es competencia de los poderes públicos" y que, por el contrario, las administraciones deben apoyar las decisiones de las mujeres a este respecto. Junto a ello, insiste en la importancia de desarrollar estrategias encaminadas a evitar embarazos no deseados a través de la divulgación de las posibilidades de uso de métodos anticonceptivos entre la población gallega.