El ruido y el juez

En Tenerife, y sobre todo en Santa Cruz, el Carnaval existe antes que el ruido. Es la fiesta más popular, la que convive con la ciudad, y con la isla, como una especie de sortilegio que cambia el humor, por largo rato, y durante mucho tiempo, acaso demasiado. Es, también, una fiesta democrática, que se hace en la calle porque la gente de la ciudad, y de las islas, hace la alegría en la calle. No es una tradición: es la vida. No es que el Carnaval represente la vida, exactamente, pero a fuerza de ser natural, casi congénita, esta fiesta es un hábito. No la siguen todos, claro, pero la noticia de que se puede interrumpir les afecta a todos. La interrupción anunciada, o temida, se puede resolver, pero se tiene que resolver teniendo en cuenta que los que demandan más silencio tienen tanto derecho como los que reclaman la fiesta.

Aunque se dice que ni el franquismo -que, por cierto, sigue vivo en los nombres de las calles de la ciudad- acabó con esta fiesta bicentenaria, es verdad que durante un largo periodo de la dictadura el Carnaval se disfrazó de Fiestas de Invierno y fue controlado por el Ministerio de Información y Turismo. Salió una carroza: "Tururururismo". Fue prohibida. Está tan enraizado en la ciudad que alguna vez ha parecido que todo el año es Carnaval en Santa Cruz. Un periódico tituló así al día siguiente de acabar las fiestas, anunciando las siguientes: "Quedan 364 días para el Carnaval". Hasta ahora el sonido de la fiesta -y su ruido- ha sido tomado como parte de la naturaleza de Santa Cruz. Pero los ciudadanos han hecho valer sus derechos. Delante van a tener una batería de obuses en forma de historia y de sentimientos: los derechos frente a la tradición.

A estas alturas una marcha atrás parece dramática, como dramático resulta que no se pusieran de acuerdo antes los responsables de la fiesta y los que no quieren convivir con ella. Esas tardanzas son un buen caldo de cultivo para la demagogia, que ya se escucha en los telediarios y en las calles. Hay, simplemente, un conflicto de intereses, entre la ley y el Carnaval, y éste no tiene derechos más singulares que los vecinos que protestan. Es cierto que despojar a Santa Cruz del Carnaval es como quitarle a Pamplona sus sanfermines. No se sabe de ningún juez que haya usado el diapasón en las fiestas populares. Que un juez inaugure este ejercicio del derecho pone en vilo a la España de jarana y pandereta. La sociedad -y sus políticos- tienen que estar atentos, para lograr que siga la fiesta, y seguramente eso pasará en Santa Cruz. Inventarán un modo silencioso de hacer ruido, inventarán cualquier cosa, pero cuesta imaginar que este febrero sea el primero en que Santa Cruz no tenga el Carnaval en la calle. Hasta los denunciantes se sentirían extrañados, como vacíos.