Punto final a la ley del silencio en Chile

La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz, de 56 años, que desde 1976 busca a su padre, detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), una mujer curtida en el dolor de las víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet, supo finalmente qué ocurrió con él 31 años después.

"Siempre dije 'queremos la verdad por dolorosa que sea'. Al saberla, sentí una pena tan profunda que me desahogué y lloré diez minutos... una es humana. Sentí tan terrible que mi papá estuvo ocho meses vivo a merced de sus captores y pensé en mi mamá que murió sin saber. Pero me recompuse porque quería ir tranquila a hablar con el juez", cuenta Viviana Díaz.

La confesión de un oficial permitió al juez procesar a siete militares por homicidio

Ella vio por última vez a su padre, el dirigente sindical Víctor Díaz, cuando, muy temprano en la mañana del 11 de septiembre de 1973, le avisaron del golpe militar contra el presidente Salvador Allende. Hasta su detención, tres años después, dirigió el Partido Comunista (PC) chileno en la clandestinidad como subsecretario general.

La dictadura desató una cacería contra él. En un allanamiento de madrugada al domicilio donde se ocultaba en Santiago con identidad falsa, los agentes de la DINA, la policía política del régimen, lo reconocieron por una leve cojera. "¡Chino Díaz!, al fin te pillamos...", le dijeron en medio de insultos y golpes, mientras lo trasladaban al cautiverio del que nunca salió.

Después de la muerte del ex dictador Augusto Pinochet, en diciembre pasado, el pacto de silencio de los antiguos agentes de la represión está comenzando a desmoronarse. Un teniente del Ejército que dirigió decenas de fusilamientos de campesinos en Paine, en las afueras de Santiago, llevó a una juez hasta el lugar donde dijo que había sepultado los cadáveres, pero no se encontraron restos.

La confesión del teniente coronel retirado de carabineros Ricardo Lawrence, ex agente de la DINA, y de sus cómplices permitió al juez Víctor Montiglio procesar y detener a siete ex uniformados, incluyendo dos mujeres, por el secuestro y homicidio calificado de Víctor Díaz.

"Mientras estuvo vivo Pinochet ningún ex agente se atrevió a hablar. Al morir desapareció el peso que mantenía el pacto de silencio, algo cuyo significado los civiles no asumíamos en plenitud", sostiene el abogado Eduardo Contreras, querellante en este caso.

Los ex agentes no sólo temían a Pinochet, aunque ya estaba viejo, sino que sabían de su capacidad para presionar a parlamentarios, militares y hasta a los propios Gobiernos democráticos de la Concertación, agrega el abogado. En otros casos ha actuado el peso de la conciencia. Uno de los asesinos de Díaz se suicidó hace dos años. Otros ex agentes aspiran a tener rebajas de condenas.

Tras aplastar al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y al Partido Socialista en los primeros años después del golpe militar, la represión se concentró en 1976 en el PC. Ese año cayeron dos directivas comunistas, más de 20 personas, todas desaparecidas hasta hoy, entre ellas el sucesor de Díaz en la conducción del PC, Fernando Ortiz.

Los agentes de la DINA trasladaron a Díaz, que entonces tenía 56 años, hasta Villa Grimaldi, donde más de 4.000 personas fueron torturadas, de las que 226 están desaparecidas. En el cuartel se disputaban entre ellos el "privilegio" de torturar al líder comunista.

El propio Pinochet estaba interesado en la suerte de Díaz, testificó el oficial Lawrence, que amplió su confesión después de la muerte del ex dictador. En una oportunidad, Pinochet fue a visitar al líder del PC y conversó con el prisionero. "Díaz le dijo a Pinochet que cometía un error al meterse en contra del PC, porque (...) era como intentar vaciar el mar con un balde, algo que nunca se iba a poder lograr", afirmó el ex agente.

A Díaz lo llevaron a un cuartel de la DINA desconocido hasta la confesión de Lawrence. Ahí, cumpliendo una orden del jefe de la DINA, Manuel Contreras, dos agentes, ambos de la Armada, Bernardo Daza y Sergio Escalona, ataron a Díaz de pies y manos a una silla, le cubrieron su cabeza con una bolsa de plástico y le asfixiaron. Como hizo en otros casos, la teniente Gladys Calderón inyectó cianuro al cadáver.

El cuerpo de Díaz fue envuelto en bolsas de plástico gruesas atadas con alambre a la cintura, unido a un tramo de raíl de ferrocarril de 80 centímetros de largo. Después lo colocaron dentro de dos sacos, uno por la cabeza y otro por las extremidades, unidos con alambre y cosidos. Junto con otros cadáveres lo subieron a un helicóptero, "que partió presumiblemente con destino al mar", señala el juez Montiglio.

La Corte de Apelaciones de Santiago negó la libertad provisional a los ex agentes. Viviana Díaz se pregunta: "¿Dónde están estos valientes soldados que asfixiaron a mi padre? ¿Por qué no me dijeron nada en 30 años?". Su hermana Virginia dice que no basta con la verdad, también quiere justicia.