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Columna
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Gobierno reformista pero invisible

Joaquín Estefanía

El desarrollo de la manifestación de ayer en Madrid, en la que las protestas las acapararon tanto el Gobierno (y su presidente) como ETA, es la demostración de que el PP no va a ceder en la utilización de la política antiterrorista como método para sacar a los socialistas de la Moncloa. Nada nuevo, por otra parte. La utilización electoral de las víctimas en este empeño es cada vez más evidente.

Durante toda la legislatura, la radicalización del PP se ha mostrado en dos políticas transversales, es decir, ajenas en principio al debate ideológico tradicional entre la izquierda y la derecha: la política territorial ("España se rompe") y la política antiterrorista ("ZP traiciona la memoria de las víctimas del terrorismo"). Tal extremismo no es casual: conforme avanza la legislatura, los ciudadanos perciben cómo la política se enturbia cada vez más. Mediante la política de la crispación, el PP intenta alejar del voto socialista no sólo a los votantes del centro y de la izquierda, sino también a los ciudadanos aparentemente apolíticos, que representan alrededor del 20% del electorado y cuyo apoyo es decisivo para gobernar.

Ello tiene mucho que ver con el análisis del voto en las últimas elecciones generales, en marzo de 2004. En aquel momento, la victoria socialista se debió más a su propio avance (ganó 3,1 millones de votos) que al retroceso de la derecha (que perdió sólo medio millón de votos). El objetivo actual del equipo de Mariano Rajoy es impedir que los socialistas retengan a esos millones de nuevos votantes. Como la diferencia entre el PSOE y el PP el 14 de marzo de 2004 fue de 1,3 millones de votos, con que desistiese la mitad de los nuevos votantes socialistas (por romper España, por legitimar a los etarras o por amparar a los autores intelectuales del 11-M) sería suficiente para recuperar La Moncloa. Para ello movilizan tanto los instintos básicos como a sus terminales mediáticas.

Además, al centrar el debate -y extremarlo- en la política territorial y en la política antiterrorista, invisibilizan el resto de la acción política del Gobierno socialista. Apenas se habla del momento dulce de la economía. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acaba de confirmar que la economía española ha superado a la canadiense y forma parte de las siete más ricas del mundo, después de crecer el último trimestre de 2006 al 4%. ZP, en la presentación de los candidatos socialistas a las elecciones municipales y autonómicas de mayo, indicó que el crecimiento del PIB español en 2006 ha sido el mayor de los ocho países más industrializados del mundo y que la legislatura terminará en 2008 con más de tres millones de nuevos puestos de trabajo. La mayor cifra de creación de empleo comparándola con cualquier otro momento de la democracia.

Más importante que la coyuntura económica es la práctica reformista de este Ejecutivo: no sólo sacó a las tropas de Irak, sino que ha aprobado la ley de la Dependencia (la más importante de la legislatura) que implanta el cuarto pilar de un Estado del Bienestar que, entre los años 1982 a 1996, universalizaron los gabinetes socialistas de Felipe González. Ha aprobado una ley que garantiza la igualdad entre el hombre y la mujer o la reforma del Código Penal que permite a las personas del mismo sexo formar una familia en las mismas condiciones que las personas del mismo sexo; se agilizaron los procedimientos para el divorcio o la ley integral contra la violencia de género. Asimismo, la reforma de la ley de la educación restando importancia curricular a la asignatura de religión, la reforma de la educación universitaria, la reforma fiscal, la laboral para ampliar el número de trabajadores estables y reducir la temporalidad, el carné por puntos, etcétera. En el debate político español apenas se habla de estos cambios, que han supuesto una ruptura del statu quo previo y que tienen difícil marcha atrás, gobierne quien gobierne.

Entre la falta de pedagogía del Ejecutivo y la política de la crispación de la oposición, el Gobierno ve reducir en los sondeos sus apoyos electorales. A pesar de que gobierna, parece jugar siempre en el campo contrario.

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