El alcalde de Ribadeo declara ante la juez por autorizar una granja marina

La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Mondoñedo ha tomado declaración al alcalde de Ribadeo, Balbino Pérez Vacas (PSOE), por la licencia de obras que concedió para que la empresa Acuinor construya una piscifactoría en Rinlo. El proyecto de esta granja marina de rodaballos y pulpo fue aprobado por el Gobierno del PP el 28 de julio de 2005, cuando ya había perdido las elecciones y estaba sólo en funciones. Justo al día siguiente de esta decisión del Ejecutivo de Manuel Fraga, el regidor ribadense dio el permiso municipal para que la promotora empezara a levantar la planta.

La asociación ecologista Adega presentó una denuncia contra Pérez Vacas en la que le acusa de haber concedido una licencia ilegal a la promotora de la granja, ubicada en zona protegida. El colectivo argumenta que el gobierno de Ribadeo le otorgó el permiso sin esperar siquiera a que la aprobación definitiva del proyecto fuera publicada en el Diario Oficial de Galicia, por lo que no respetó el periodo de exposición pública. Según los denunciantes, el alcalde tampoco aguardó a recibir las autorizaciones de Costas y de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

La juez que instruye el caso les tomó el martes declaración como imputados al alcalde, al secretario, Manuel Díaz Sánchez, y al arquitecto municipal, Francisco Manuel Moreda Gil. Pérez Vacas, que gobierna en coalición con el BNG, defiende que la licencia de obras de la piscifactoría "está bien dada", porque se limitó a recoger la ubicación marcada por la anterior Xunta. El regidor asegura que otorgó el permiso justo al día siguiente de que el equipo de Fraga diera el visto bueno al proyecto porque "tenía todos los informes favorables y empezaba el verano". Según su versión, la autorización estaba condicionada a que la granja marina obtuviera el resto de permisos preceptivos con los que no contaba en aquel momento.

Adega asegura que, para ubicar la planta de Rinlo, la anterior Xunta le vendió terrenos a la promotora a un euro el metro cuadrado. Las parcelas, señalan los denunciantes, formaban parte de un fondo de tierras procedente de la concentración parcelaria. Los ecologistas sostienen que la empresa, propiedad de Ramón Álvarez-Cascos, pariente del ex ministro de Fomento, recibió un "inaceptable trato de favor" por parte del Gobierno del PP y exigen al bipartito que la paralice como hizo con la planta de Pescanova en Touriñán.