El PP se enfrenta al Ejecutivo en la primera sesión del Consejo de la Dependencia

El arranque de la Ley de Dependencia puso fin al entendimiento entre el PP y el PSOE. Los representantes de las comunidades populares rechazaron en solitario la constitución del Consejo Territorial -el órgano encargado de definir los criterios para el reparto de las ayudas- porque entienden que la representación del Gobierno en este órgano es excesiva. El reparto de votos se ha establecido de la siguiente forma: 17 para las comunidades, dos para Ceuta y Melilla, 12 para el Gobierno y dos para la Federación Española de Municipios y Provincias.

La ley no aclara cuál debe ser la composición del Consejo. En el artículo 8 de la norma sólo se indica que estará compuesto "por el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y por un representante de cada una de las comunidades autónomas". Además, "integrarán igualmente el Consejo un número de representantes de los diferentes departamentos ministeriales. En la composición tendrán mayoría los representantes de las Comunidades Autónomas".

El problema, según explicó ayer la secretaria de Políticas Sociales del PP, Ana Pastor, está en esta segunda parte. El Gobierno nombró 11 representantes, aparte del titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. El PP critica que, con esta composición, el Gobierno se asegura la mayoría en todas las decisiones, al contar además con los votos de las comunidades con Ejecutivo socialista.

Mayoría o unanimidad

El reglamento presentado ayer establece que las decisiones se tomarán por mayoría doble: mayoría simple y de los representantes de las comunidades autónomas. Esto también ha sido criticado por el PP. Ana Pastor indicó que la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas obliga a que las decisiones se tomen por unanimidad en este tipo de organismos. Pero en verdad lo que dice es que "el régimen de cada Conferencia Sectorial es el establecido en el correspondiente acuerdo de institucionalización y en su reglamento interno", sin más detalle. Pastor negó que este incidente vaya a suponer un retraso en la puesta en marcha de las prestaciones: "Seguiremos trabajando para que la ley no pierda ni un día", afirmó.

El Gobierno, por su parte, asegura que el Consejo Territorial fue constituido en regla, el reglamento interno aprobado por mayoría, y que el baremo fue acordado por asentimiento. En él se establece el sistema para medir la discapacidad, un sistema que concede puntos -hasta un máximo de 100- en función de la capacidad de los individuos para desempeñar tareas básicas como comer, asearse o desplazarse.

La secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, aseguró que la postura de los populares no tendrá ninguna consecuencia en el desarrollo del futuro sistema y que los grandes dependientes empezarán a recibir las ayudas y servicios esta primavera.