Las comunidades tendrán que informar periódicamente sobre la contaminación

Las comunidades autónomas tendrán que enviar de forma periódica al Ministerio de Medio Ambiente datos homogéneos sobre la contaminación atmósférica para crear con ellos un sistema nacional de información y vigilancia. Así lo establece el proyecto de Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmosfera que hoy recibe el Consejo de Ministros. La norma también obligará a ayuntamientos y comunidades a tener en cuenta la polución para aprobar nuevos planes urbanísticos. En España, 12 millones de personas viven en zonas de alta contaminación atmosférica.

Todas las comunidades y todos los municipios de más de 250.000 habitantes tendrán que tener estaciones, redes y otros sistemas de medición de calidad del aire. La red de medición que existe en la actualidad es bastante amplia, el problema es que la información, aunque un real decreto ya obliga a facilitarla, es muchas veces dispersa y desigual, al menos la que llega al Ministerio de Medio Ambiente para elaborar el informe anual que debe remitir a la Unión Europea.

Por eso, la nueva norma pretende crear un sistema nacional de información y vigilancia para lo que obligará a las comunidades a enviarle los datos periódicamente y siguiendo unos parámetros específicos. La ley, que sustituye a una norma de 1972 y reúne toda dispersa legislación vigente, hace gran hincapié en la necesidad de cooperación e intercambio de información para salirle al paso al problema de la contaminación del aire, que provoca en España unas 16.000 muertes prematuras al año.

Según un informe del año pasado, 12 millones de españoles viven en zonas con niveles de contaminación superiores a los permitidos. Estos niveles los marca la Unión Europea y la futura ley no prevé endurecerlos, pero sí aumentar los mecanismos de control. Los principales problemas de contaminación los provocan las pequeñas partículas en suspensión, los óxidos de nitrógeno o el ozono troposférico, generados por los coches, la industria o las calderas de carbón.

Todos los datos de contaminación, aunque no se superen los límites, podrán ser exigidos por cualquiera con la ley en la mano. La futura norma establece que las administraciones tendrán que facilitar la información adecuada y oportuna tanto al público en general como a cualquier entidad interesada (ecologistas, sindicatos, empresarios, consumidores...), según decía uno de los últimos borradores del proyecto de ley al que ha tenido acceso este periódico.

"Muchos cambios"

En los últimos meses, el borrador ha sufrido "muchos cambios", explicó ayer, sin precisar cuáles, Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general para la Prevención de la Contaminación del Ministerio de Medio Ambiente. Sí explicó, sin embargo, los principales objetivos de la futura ley. El primero, establecer claramente las competencias de las administraciones -la mayoría descansarán en las comunidades-, ya que las normas básicas que lo legislaban hasta ahora eran anteriores al Estado de las autonomías. También pretende el Gobierno actualizar el catálogo de actividades que deben ser autorizadas para evitar la contaminación y el catálogo de gases a combatir, también obsoleto. Gonzalo destacó asimismo que los planes de mejora de la calidad del aire que estarán obligados a redactar las comunidades y los ayuntamientos grandes "deberán ser tenidos en cuenta" en la elaboración y la aprobación de los planes urbanísticos.

Sin embargo, la obligación de crear planes, al menos cuando se han sobrepasado los límites de contaminación establecidos, ya existe actualmente, "pero no se está cumpliendo porque no se estipularon plazos para redactarlos", asegura Ladislao Martínez, de Ecologistas en Acción. Esos plazos tampoco se establecían en los últimos borradores del texto.