El precio de los cítricos a media campaña cae un 30% en origen

Los precios cobrados por los productores de naranjas mediada la actual campaña citrícola 2006-2007 son un 30% inferiores a los de la campaña anterior, los de las mandarinas en origen están un 24% por debajo y los del limón han caído un 34% respecto al año pasado, según los datos oficiales que recaba la Consejería de Agricultura. Los precios se estiman sobre el 10% de la fruta que se paga al agricultor porque el 90% se vende a resultas y los productores sólo reciben una liquidación si se comercializa con éxito.

El descenso de los precios para el conjunto de la producción citrícola supera el 29% respecto a la última campaña, según las estimaciones de Unió-COAG a partir de los datos de cotizaciones que facilita la Consejería de Agricultura con periodicidad semanal.

La evolución de los precios revela que el acuerdo de caballeros entre cooperativas y comercializadores citrícolas auspiciado por Juan Cotino, consejero de Agricultura, en junio pasado y refrendado el pasado diciembre ante la amenaza de paro formulada por las tres asociaciones de agricultores "no ha supuesto ningún beneficio para el productor".

Los responsables de AVA, Unió-COAG y UPA reclamaron en diciembre un precio mínimo en el campo de 20 céntimos por kilo de naranja y de 25 céntimos por kilo de clementina. Un mes después y mediada la actual temporada, los datos oficiales revelan que el precio medio de las naranjas es de 16 céntimos por kilo y el de las mandarinas, de 21 céntimos.

Lo peor es que el problema se arrastra desde hace varios años consecutivos y explica la contundencia de las declaraciones que formuló ayer Miquel Oltra, portavoz de Unió-COAG: "Los agricultores valencianos estamos realmente hartos de que las administraciones central y autonómica se pasen la pelota unas a otras con el único objetivo de obtener un rédito electoral de cara a las inminentes elecciones sin darse cuenta del drama que sufren los agricultores".

Oltra aprobó "las medidas a largo plazo" para mejorar la producción que ofrece la Administración central, pero las tachó de "insuficientes" y reclamó "un sistema que asegure una estabilización de las rentas de los agricultores" inspirado en un modelo que aplica Canadá desde 2004.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) recordó que el Ejecutivo autonómico cuenta con "las herramientas necesarias" para afrontar los "abusos del mercado" a través de "la creación de un contrato homologado de compraventa, la tramitación de una ley que controle los márgenes comerciales y la trazabilidad de los precios o la implantación de un seguro que cubra la renta de toda la explotación".