Tres de cada cuatro funcionarios ya han acreditado el perfil de euskera que se les exigía

El grado de cumplimiento del tercer plan quinquenal de euskaldunización de los funcionarios municipales, de las diputaciones y de la Administración general se sitúa ya en el 75% cuando aún queda este año para que finalice su vigencia. El objetivo del Gobierno es lograr 15.430 puestos con perfil lingüístico acreditado (el 46,41% de los funcionarios), es decir, con un dominio adecuado del euskera. Un total de 7.407 funcionarios han aprobado el perfil requerido (48%) y 4.222 plazas (27,4%) no tienen titular, pero los interinos que las ocupan también acreditan el conocimiento de la lengua vasca que se demanda. En este caso, el Gobierno considera que se cumple el plan porque las vacantes se están cubriendo con personal bilingüe.

El Ejecutivo espera disponer del balance de aplicación del plan a mediados de este año

Este tercer plan de euskaldunización no incluye las plantillas de Educación (más de 16.000 docentes), Osakidetza (23.000 trabajadores), Ertzaintza (7.500 agentes) y personal de la Administración de Justicia (2.100 funcionarios), que cuentan con programas específicos de normalización lingüística.Otros 1.608 trabajadores (10,4%) no han conseguido ningún perfil, 1.105 (7,2%) están exentos al tener más de 45 años y 1.088 (7,1%) acreditan un conocimiento inferior al exigido, pero están en proceso de lograrlo. Con estos datos, el director de planes de euskera del Gobierno y responsable de la normalización lingüística en el resto de las administraciones, Jokin Azkue, considera que este tercer plan marcha "razonablemente bien". "Como en cualquier plan, habrá que poner medidas correctoras", añade.

Azkue alude así a la situación de los 1.608 funcionarios que no han conseguido acreditar ningún perfil, pese a que la fecha de preceptividad (momento en que deben demostrar que saben el euskera exigido para su puesto) ha vencido o está a punto de hacerlo. El compromiso es arbitrar planes individualizados para estas personas, de modo que se analicen caso por caso los motivos del fracaso. Este sistema permitirá que al menos algunos funcionarios obtengan el nivel requerido.

Azkue explica que el Ejecutivo "se ha planteado hacer planes de formación personales para los que no acreditan perfil porque las circunstancias que se dan en ese ámbito son de índole muy diversa. Unos no pueden, otros no tienen tiempo, otros son más reacios. Hay de todo". Las medidas se plantearán en el informe de evaluación del tercer plan, que también incidirá en otras áreas de mejora, como fortalecer el uso del euskera dentro de la Administración. "Nos encontramos al final del tercer periodo de planificación, que empezó en 2003 y concluye en diciembre", precisa Azkue. "El compromiso es disponer del balance a mediados de este año. En 2008, entramos en el cuarto periodo de planificación, que se extenderá hasta 2102. Con la evolución analizada, se plantearán las reformas necesarias y obtendremos pistas para el siguiente periodo".

Con José Antonio Ardanza como lehendakari, el Ejecutivo puso en marcha a finales de 1989, con el apoyo mayoritario del Parlamento, un ambicioso plan dirigido a extender el conocimiento del euskera entre el personal funcionario que presta sus servicios en el Gobierno, las tres diputaciones y los ayuntamientos. El proyecto perseguía un gran objetivo: responder al derecho de los ciudadanos euskaldunes a ser atendidos por las administraciones en su lengua materna. Dado que la pretensión última de contar con un funcionario íntegramente bilingüe resultaba inalcanzable a corto plazo, el Ejecutivo decidió actuar por fases.

De esta forma, se acordó que en cinco años se exigiría un perfil lingüístico (o grado de dominio del euskera) a un número de empleados públicos similar a la suma del porcentaje de euskaldunes más la mitad de cuasieskaldunes existentes en el territorio o en el municipio en que se encuentre enclavada la institución. Los porcentajes para ese primer plan se extrajeron del padrón de 1986.

De acuerdo con este criterio, se decidió que el 33% del funcionariado debería haber acreditado para julio de 1995 (fecha de conclusión del primer plan de normalización y, por lo tanto de preceptividad) un perfil lingüístico acorde con su puesto de trabajo, desde el 1 (el más sencillo) hasta el 4 (el más complejo) para empleos muy cualificados.

El porcentaje es diferente en cada institución y entonces oscilaba desde el 0% de la mitad de los ayuntamientos alaveses hasta el 100% de muchos municipios guipuzcoanos, pasando por el 16% de la Diputación de Álava o el 26% de la de Vizcaya.

A ese primer plan siguieron otros dos. El tercero es que el culmina este año, con lo que el último plazo de preceptividad vence en diciembre. Para elaborar cada plan se hace un estudio previo del padrón y se observa cómo ha evolucionado el porcentaje de ciudadanos euskaldunes en cada territorio. A partir de ahí, se aumenta o se mantiene el porcentaje de puestos de funcionarios que deben saber euskera y la fecha de preceptividad.

"Todo va ligado a la situación sociolingüística del ámbito de cada administración. Por ejemplo, si el porcentaje de euskaldunes de Vitoria sube en el último censo un 3%, en el siguiente periodo se podrá poner a un 3% más de funcionarios fecha de preceptividad. El incremento va ligado a la realidad social de esa administración. Desde luego, no es lo mismo Vitoria que un municipio guipuzcoano", explica Azkue.

La apuesta para el futuro es incidir en el mayor uso del euskera. "Invertimos en formación, pero hay que intentar que se utilice más el idioma y que se convierta en una auténtica herramienta de trabajo", concluye.