Los países de la Unión Europea acuerdan compartir más información policial

Los países miembros de la Unión Europea alcanzaron ayer un acuerdo para compartir información policial, como huellas dactilares, datos de ADN de personas sospechosas y matrículas de coches, a través del acceso a las bases de datos policiales de los distintos países europeos. Los ministros de Interior y de Justicia de los Veintisiete lograron el consenso sobre el tratado en la ciudad alemana de Dresde, después de más de tres años de propuestas abortadas por el veto de algún Estado miembro.

El acuerdo, conocido como Tratado de Prüm, debe adoptarse aún formalmente, pero una vez convertido en ley europea permitirá además a la policía de cualquier país de la UE dar caza a supuestos criminales más allá de sus fronteras nacionales. El ministro de Interior de Alemania, Wolfgang Schäuble, indicó ayer que Estados Unidos ya ha expresado su interés por la información que se intercambiará fruto del Tratado de Prüm.

El ministro alemán explicó que se trata de crear "una red de información policial moderna en Europa", y contó el caso de su país, que ya comparte este tipo de información con Austria, lo que ha permitido a la policía alemana progresar en numerosos crímenes por resolver. Dijo Schäuble, por ejemplo, que en las últimas seis semanas Berlín identificó a 1.500 sospechosos tras bucear en la base de datos de ADN de la policía austriaca. Prüm también contempla el intercambio de datos con fines preventivos, como la identidad de hooligans que podrían viajar a otros países para asistir a partidos de fútbol.

También establece que policías de un país podrán cruzar la frontera para evitar peligros inminentes, e incluye además el patrullaje conjunto de policías de distintos países de la UE, por ejemplo en el caso de grandes cumbres internacionales o eventos deportivos.

El principio de acuerdo alcanzado ayer -el Ejecutivo comunitario presentará una propuesta para formalizarlo en febrero- constituye un importante precedente en relación con el sistema de toma de decisiones de la UE. En lugar de las interminables y farragosas negociaciones entre 25 países -ahora 27 tras el ingreso en enero de Rumania y Bulgaria- que rara vez arribaban a buen puerto, esta vez los socios europeos se han sumado a un tratado ya existente que había puesto en pie hace dos años un reducido grupo de países, entre ellos España. Se trata de un mecanismo novedoso que permite burlar en cierta forma la regla de la unanimidad de la UE, aún vigente, después de que naufragara la Constitución europea que resolvía en parte este problema.

Fue en 2004 cuando todos los países de la UE acordaron en La Haya el llamado principio de disponibilidad de datos, que debía después concretarse en compromisos de intercambio de información policial. Eso no sucedió porque el veto de algún Estado miembro siempre acababa por dejar en la cuneta las propuestas legislativas de la Comisión Europea. Mientras, en 2005, siete países europeos -España, Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Holanda y Austria- firmaron en la ciudad alemana de Prüm un acuerdo para intercambiar datos policiales.

Alemania, el país que preside este semestre la UE, ha decidido hacer de la cooperación policial una de las prioridades de su mandato y se propuso conseguir que el resto de los Veintisiete se sumaran a la iniciativa de los siete.

A pesar de que algunos países como Polonia, Irlanda o República Checa expresaron ayer su preocupación, por los costes adicionales que podría suponer compartir información policial, y Reino Unido, por las bases legales del acuerdo, ayer se alcanzó el consenso en Dresde, según anunció en conferencia de prensa el ministro Schäuble.