Secuestrado y liberado un testigo clave de los crímenes de la dictadura argentina

La desaparición del albañil Luis Ángel Gerez, un testigo clave en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura argentina, ha desatado la alarma en Argentina, donde sigue sin resolverse el caso del testigo Jorge Julio López, en paradero desconocido desde el pasado septiembre. El presidente, Néstor Kirchner, suspendió ayer sus vacaciones y se reunió con carácter de urgencia en la Casa Rosada con su ministro de Interior, Aníbal Fernández; su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, donde han ocurrido ambas desapariciones.

La desaparición de Gerez atenta "contra la democracia y contra las instituciones"

En varias localidades argentinas se produjeron ayer manifestaciones de protesta.

El testimonio de Gerez fue determinante para que el Congreso argentino denegara el pasado mayo el acta de diputado a Luis Patti, ex subcomisario de la policía y ex intendente (alcalde) de la localidad bonaerense de Escobar. A Patti se le relaciona, aunque no ha sido procesado por ello, con secuestros y desapariciones durante la dictadura. Gerez, un militante peronista que en la actualidad milita en movimientos sociales próximos al presidente Kirchner, detalló cómo en 1972, cuatro años antes del golpe, había sido torturado con descargas eléctricas en Escobar e identificó a Patti como uno de sus torturadores. La Cámara de Diputados, por 164 votos a favor y 62 en contra, negó a Patti el ingreso alegando falta de "idoneidad moral".

"Hace unos meses viajaba en su auto cuando se le cruzó otro, se bajó un hombre y le dijo: 'Mirá lo que estás haciendo", relataba ayer la madre de Gerez. Fue la primera de las tres amenazas sufridas por el albañil antes de su desaparición. A pesar de ellas, Gerez no disponía de protección policial, algo que le ha costado una lluvia de críticas al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanian, por las carencias del programa de protección de testigos.

En la tarde de ayer, el Gobierno prometió una recompensa de 400.000 pesos (unos 100.000 euros) a quien pueda aportar alguna información sobre el paradero de Gerez.

"No es un secuestro con extorsión; esto es política, pura política", subrayaba un hermano del desaparecido que confirmó que la familia no había recibido ninguna llamada de los posibles secuestradores, algo que sucede cuando la intención del secuestro es pedir un rescate económico. Gerez fue visto por última vez en casa de unos amigos en la tarde-noche del miércoles, madrugada de ayer en España. Salió del edificio para comprar en una carnicería situada a dos manzanas de distancia y, como era un lugar cercano, dejó su coche y su teléfono móvil. Nadie le volvió a ver. Al comprobar su tardanza y tras una búsqueda entre familiares y conocidos, se dio la voz de alarma y los organismos de seguridad argentinos comenzaron una extensa búsqueda.

"No van a lograr ni quebrar a Luis, ni mucho menos a mí. Si hay algo que no me permito es que Luis vea que me estoy quebrando. No me lo permitiría como mujer, como política y como militante", aseguró Mirta Praino, esposa de Gerez, que mostró su satisfacción por que la Administración argentina haya tomado el caso como una cuestión de Estado. Y es que el Gobierno argentino ha tomado a fondo cartas en el asunto.

La desaparición de Gerez aleja de manera casi definitiva la posibilidad de que la desaparición de Jorge López sea algo accidental, y en la Casa Rosada se interpretaban ayer ambos hechos como un ataque directo contra la política en materia de derechos humanos llevada a cabo por el Gobierno de Kirchner, bajo cuyo mandato se han anulado las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, abriendo las puertas a la reactivación de centenares de casos por secuestros, torturas y asesinatos.

El hombre al que ayer se dirigían todas las miradas, Luis Patti, compareció inmediatamente ante los medios de comunicación para asegurar que no tiene ninguna relación con el caso y que la desaparición de Gerez atenta "contra la democracia y contra las instituciones". "No es un ataque contra mí; va más allá de Patti y de Escobar, pero me afecta. Los que me hicieron esto son mala gente, no tiene perdón", añadió el ex alcalde de Escobar, para quien puede haber relación entre las dos desapariciones.

Las investigaciones se centran en torno a los círculos relacionados con la represión durante la dictadura militar (1976-1983). En la lista de sospechosos se investiga a "cualquier tipo de recurso policial que fue exonerado, separado de la fuerza o vinculado con la represión", según confirmó el ministro de Seguridad bonaerense. Arslanian destacó, además, que "desde el primer momento" se ha manejado la hipótesis del secuestro, descartando otras como el accidente o el extravío.