Los seguros ambientales costarán a las empresas españolas 100 millones al año

Los seguros ambientales que tendrán que suscribir por ley las empresas potencialmente contaminantes costarán unos 100 millones de euros al año. Así lo establece el estudio económico que el Ministerio de Medio Ambiente ha encargado a la Universidad de Alcalá de Henares. El anteproyecto de ley de Responsabilidad Ambiental que maneja el Gobierno obliga a tener pólizas o garantías para que las empresas paguen sus daños al medio ambiente en caso de catástrofe y evitar casos como el de la rotura de la balsa de Aznalcóllar, cuya reparación costó 70 millones al Estado. El informe alerta de que al optar por una garantía más estricta que la propuesta por la UE, las empresas españolas perderán competitividad.

El pasado 20 de octubre, el Consejo de Ministros analizó el anteproyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental. La norma, cuando la apruebe el Parlamento, traspone una directiva europea y obliga a las empresas potencialmente contaminantes a tener un "seguro, aval bancario o de reserva técnica" a partir de 2010 para afrontar las catástrofes ambientales que puedan causar.

La futura ley, de las más ambiciosas que ha emprendido Medio Ambiente, dejaba pendiente la duda del coste, ya que afecta a 5.000 instalaciones industriales, ganaderas y de transporte. ¿Cuánto costarían esos seguros? ¿Cómo se puede asegurar el daño al medio ambiente?

El ministerio encargó un estudio sobre el Análisis económico del anteproyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental al grupo de Economía Ambiental de la Universidad de Alcalá de Henares. El resultado es un informe de 96 páginas que calcula que estos seguros verdes costarán entre 83 y 128 millones de euros al año a las aproximadamente 5.000 industrias que tendrán que suscribir esta norma.

La ley establecerá un sistema de cupos según el daño potencial de cada industria. Las industrias con un "riesgo leve" tendrán que reservar o suscribir un seguro por un millón de euros y las de riesgo muy grave, de 20 millones. No es el mismo daño potencial el de una enorme industria química junto a un río, que el de un matadero. Y la norma afecta a papeleras, cementeras, cerámicas, químicas, textiles, granjas, mataderos, industria del vidrio... Cualquier actividad industrial está incluida.

Imposible de concretar

El estudio calcula por sectores cuánto tendrán que pagar en seguros. Así, 16 refinerías tendrán que pagar un total de entre 0,27 millones y 0,49 millones el año; 676 empresas de química orgánica, entre 12,86 millones y 23,27; y 1.482 granjas de aves y cerdos, entre 22,17 y 34,48. El estudio señala que "no es posible dar mayor grado de concreción" debido a la gran cantidad de variables. Aunque las variaciones son muy amplias y dentro de cada categoría las primas dependen de cada instalación, se puede hacer una aproximación: las instalaciones de combustión pagarían unos 13.000 euros al año; las cementeras, unos 18.000; las papeleras, unos 19.000; los mataderos, 18.000, y la industria química, unos 21.000.

El estudio destaca que la ley "tendrá repercusión en el sector de las industrias minerales en Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia; la producción y transformación de metales, en Madrid, País Vasco y Cataluña, y la industria química y la gestión de residuos, en Cataluña".

Por comunidades autónomas, Cataluña será la más afectada, ya que es la que tiene más empresas. Las industrias con sede en Cataluña tendrán que pagar unos 22 millones de euros al año en primas, seguidas de las situadas en Andalucía, Castilla y León y Aragón. Sin embargo, el estudio destaca que muchas empresas ya tienen algún tipo de seguro, por lo que, de los 100 millones al año que supondrá la ley, no todo será un aumento.

El estudio concluye que la "pérdida de competitividad que experimentarán los operadores españoles frente a los operadores que desarrollen su actividad en otros Estados miembros se deriva fundamentalmente del hecho de que el legislador español haya optado por un régimen más exigente, fundamentalmente en dos aspectos: el ámbito de aplicación de la directiva y, por otro, en cuanto a la exigencia de un sistema obligatorio de garantías financieras". La directiva comunitaria que fija la responsabilidad ambiental dejaba en manos de los Estados cómo afrontarían las empresas sus daños ambientales. El Gobierno ha optado por un sistema muy estricto, en el que casi todas las empresas necesitan una garantía financiera para los desastres que puedan generar, aunque ya ha suavizado el borrador inicial elaborado por Medio Ambiente.