La Ley de Dependencia no tendrá en cuenta el patrimonio para recibir ayudas

La Ley de Dependencia sufrió ayer una treintena de cambios a su paso por el Senado, donde el Partido Popular y los nacionalistas vascos y catalanes introdujeron otras tantas enmiendas. Entre ellas está la que cambia los criterios para que las personas dependientes reciban ayudas: si se mantiene el cambio en el Congreso -lo que parece improbable- éstas estarán en función de la renta, pero no del patrimonio de la persona dependiente. Sí que parece que se mantendrá la enmienda que refuerza que las personas con enfermedad mental tengan derecho a prestaciones.

Como viene siendo habitual en esta legislatura en temas sociales, la sesión de ayer supuso un nuevo tanto para los populares, con mayoría en la Cámara Alta. El PP logró modificar la ley para que no se tenga en cuenta el patrimonio de las personas, sino sólo su renta, para la valoración de su situación económica con vistas a la prestación de la asistencia. Según el portavoz del PSOE en la Comisión, José Antonio Alonso, "es una de esas cosas en las que se ve de forma nítida el concepto de izquierda y derecha". Para la portavoz popular, Belén do Campo, este matiz hará que más personas se beneficien de las prestaciones. En el Congreso los populares habían pedido mínimos de renta exentos.

Lo que sí que parece que se mantendrá es la enmienda que refuerza la idea de que las personas con una enfermedad mental puedan tener derecho a recibir las ayudas que fija la ley.

El PP también consiguió, "a petición de Unión del Pueblo Navarro", que la parte que aporten al sistema de ayudas las comunidades con régimen fiscal especial (Euskadi y Navarra), sea descontada del cupo que aportan al Estado. Al mismo tiempo, logró con apoyo nacionalista cambiar el nombre del sistema de atención para que pase a llamarse sistema "Nacional", como el de salud.

El PNV introdujo modificaciones para establecer unos plazos fijos para la puesta en marcha de la ley. De esta forma, dos organismos previstos (un Comité Consultivo y un Consejo Territorial) se deberán constituir en tres meses desde la entrada en vigor de la ley.

PNV, CiU y Grupo Mixto habían presentado enmiendas de veto [rechazo de todo el texto sin debatir sus partes] a la ley. La causa principal era la invasión de competencias de las autonomías. Para el senador de CiU Jordi Casas, la ley parte de una "concepción antigua" del Estado del bienestar, e ignora que ya hay organizaciones que se dedican a prestar los servicios previstos en la Ley de Dependencia. Los vetos fueron rechazados por PP y PSOE, que habían consensuado el grueso de la ley en el Congreso.