El Gobierno se inhibe

Los ministerios de Justicia y Sanidad no quisieron hacer declaraciones ayer sobre el caso de Inmaculada Echevarría. Sus portavoces descartaron que en esta legislatura el Gobierno vaya a cumplir la promesa electoral de crear una Comisión en el Congreso de los Diputados para debatir una posible regulación de la eutanasia o, en su defecto, el suicidio asistido (lo que ocurrió en el caso del parapléjico Ramón Sampedro). Tampoco quisieron manifestarse sobre la legalidad de retirarle el respirador. Ante la posibilidad de que esta práctica estuviera amparada por la Ley de Autonomía del paciente del 2002, que permite que un enfermo renuncie a un tratamiento, un portavoz de Sanidad indicó que "los que deben interpretar las leyes son los jueces".

El debate sobre la eutanasia sí ha sido promovido por una institución pública autonómica. El Comité Consultivo de Bioética de Cataluña, impulsado por la Generalitat, ha elaborado un documento en el que considera "éticamente aceptable y constitucionalmente posible" modificar el artículo 143 del Código Penal, que castiga con prisión la ayuda al suicidio y la eutanasia (dar un fármaco o una combinación de ellos para causar la muerte del enfermo que lo pide).

El documento se inspira en las leyes de Holanda y Bélgica, que permiten la eutanasia en aquellas "personas que padecen enfermedades incurables o gravemente invalidantes". Según una de las coordinadoras del comité, Margarita Boladeras, el caso de Inmaculada Echevarría entraría dentro de estos supuestos.