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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Armenia como pretexto

La Asamblea Nacional francesa aprobó el jueves una ley que prohíbe bajo penas de prisión y multa la negación del hecho del genocidio contra el pueblo armenio por parte de las fuerzas del Imperio Otomano en 1915. Sólo 106 diputados votaron a favor, 19 lo hicieron en contra y el muy significativo número de 452 se ausentó del hemiciclo de la Cámara baja para no asistir a la votación. Lo primero que salta a la vista es que una ley que se aprueba de esta forma no parece ser una de las máximas prioridades en Francia.

Paralizada la nación por el resultado negativo de un referéndum sobre la Constitución Europea convocado por su jefe de Estado, el presidente Jacques Chirac, y congeladas en gran parte las reformas internas por la incapacidad del actual Gobierno, la aprobación por tan exigua minoría de una ley que a pocos reconforta y se sabe a ciencia cierta que constituye una ofensa para un país como Turquía, la iniciativa no resulta ser una acción muy sabia.

Nadie razonable puede negar el muy probado genocidio organizado, efectivo e implacable contra la población armenia en una Turquía en la que se tambaleaba el Imperio Otomano, y los Balcanes y Oriente Próximo -antes parte del mismo- se dedicaban con perversión criminal a una violencia étnica hasta entonces desconocida en Eurasia. Fue un antecedente sin duda para el mayor genocidio habido que fue el Holocausto. El día en que la Asamblea Nacional francesa aprobaba esta ley se anunciaba el Premio Nobel para Orhan Pamuk, un inmenso novelista turco que ha denunciado el genocidio armenio y ha sido perseguido por ello.

Pero el argumento central contra esta ley, así como otras del mismo estilo, es que la historia no es de la incumbencia de los legisladores, ni debe legislarse para limitar la libertad de expresión, por desagradables que sean las tergiversaciones que realicen quienes pretenden revisar la historia o lancen interpretaciones lunáticas y ofensivas de la misma. También es verdad que Turquía sólo entrará en la normalización democrática cuando asuma su pasado con todo el dolor infligido en su nombre. Si Francia, en mejores circunstancias históricas, tanto ha tardado en reconocer su responsabilidad en la colaboración con el nazismo alemán y la persecución de los judíos, no parece razonable que le sea tan fácil condenar a un país como Turquía por algo mucho más remoto y en lo que el Estado turco tuvo tanta participación como el Parlamento francés en las decisiones de Petain o Laval. De ahí que se antoje que este exiguo voto de la Asamblea Nacional francesa esté más motivado por un oportunismo que pretende alejar a Turquía de Europa, como gesto populista hacia el electorado francés. En ese sentido es una decisión inconveniente e innecesaria que afortunadamente aún puede ser rectificada.

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