Apoyo unánime a la reforma de la defensa de los consumidores

En una legislatura dividida sobre casi todos los asuntos, el Congreso vivió ayer una votación poco habitual: la Comisión de Sanidad aprobó por unanimidad el corazón de la reforma de la ley de protección a los consumidores que acaba con el redondeo en aparcamientos y tarifas de teléfonos e impide a las compañías obstaculizar la decisión de los usuarios de darse de baja. El PP sólo se opuso a algunos puntos menores, pero aprobó la base.

El PSOE logró ayer, a través de una larga negociación y la aceptación de una parte importante de las enmiendas técnicas, atraerse el apoyo de todos los grupos del Congreso, incluido el PP, para la primera reforma relevante de la protección de los consumidores desde que se aprobó la actual ley, en 1984. Algunos, como CiU o PP, criticaron que la reforma aprobada ayer en la Comisión de Sanidad sea un "parche" y reclamaron una auténtica reforma en profundidad de la legislación de consumo, que el PSOE se ha comprometido a llevar al Congreso antes de un año. En realidad, la reforma nace porque el Tribunal de Justicia Europeo exigió en 2004 a España que aplique una directiva europea de 1993. Los grupos coinciden en que la legislación sobre consumo en España estaba muy atrasada con respecto a los países de nuestro entorno. Éstos son algunos de los puntos fundamentales de la reforma aprobada ayer, que previsiblemente entrará en vigor antes de que acabe el año.

- Altas y bajas, iguales. Una de las quejas más repetidas de los consumidores se produce por las dificultades que ponen las compañías para darse de baja de un servicio. Obligación de acudir en persona a firmar la renuncia, sanciones económicas, retirada del dinero adelantado por el servicio son exigencias frecuentes, que fuerzan a algunos consumidores incluso a renunciar al intento de darse de baja. La nueva ley es tajante. Ninguna compañía podrá reclamar a un usuario para darse de baja algo distinto a lo que le exigió para tener el alta. Esto es, si el alta fue por teléfono y gratis, la baja también debe serlo, por ejemplo.

- En caso de duda, gana el consumidor. Precisamente una de las reclamaciones del Tribunal de Justicia europeo era que se aplicara en España este principio que ya rige en toda Europa. "Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable al consumidor", señala la nueva ley.

- Atención personalizada, y no con contestadores automáticos. El grupo de CiU, a través de su diputado Jordi Xuclá, introdujo una enmienda aprobada por todos para evitar que los usuarios pierdan horas y dinero en el magma de contestadores de las grandes compañías: "Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas pongan a disposición del consumidor deberán asegurar que éste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones. Si tales servicios utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance".

- En ocho meses, aparcamientos por minutos. Una de las grandes novedades consiste en la prohibición para todos los aparcamientos de cobrar por horas o fracciones. Deberán hacerlo por minutos. El PP y CiU intentaron que se dejara fuera de esta opción a los aparcamientos de grandes establecimientos comerciales, como supermercados, que los ofrecen como servicio extra. Pero el PSOE y los demás grupos derrotaron esa enmienda. También PP y CiU trataron de ampliar la moratoria para que los aparcamientos puedan adaptarse desde que entre en vigor la ley, previsiblemente en diciembre. Aquí sí hubo pacto. El PSOE aceptó ampliar hasta cinco meses ese plazo. Para los aparcamientos que operen en régimen de concesión administrativa, los más importantes, el plazo será de hasta ocho meses, lo mismo para los que dependen de grandes superficies. Las compañías telefónicas podrán redondear por minutos, tendrán que cobrar por segundos.

Los grupos nacionalistas incorporaron varias enmiendas para evitar que la ley toque competencias autonómicas, que en asuntos de consumo son casi todas. También el término "nacional" o "estatal" para el registro de asociaciones de consumidores se coló en el debate y enfrentó al PP con los demás.

El PP trató sin éxito que se estableciera un fondo de garantía para bienes tangibles, precisamente lo que reclamó cuando estalló el escándalo de Fórum Filatélico. La portavoz del PSOE, Isabel Pozuelo, señaló que eso sería injusto para los demás consumidores. María Ángeles Font, del PP, criticó que no se cubra "actividades de los consumidores a través de Internet, redondeos en los créditos hipotecarios o seguros de automóviles".

La Asociación General de Consumidores mostró su apoyo a la ley mientras la Federación de Consumidores en Acción (Facua) criticó el proyecto porque en su opinión elimina la prohibición de que las asociaciones de consumidores reciban dinero de las empresas.