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Reportaje:La financiación de la Iglesia católica

Las cuentas del catolicismo español

El Estado aporta 5.057 millones a las actividades de la Iglesia en España, de los que sólo 150 millones proceden del IRPF

La asignación tributaria del Ministerio de Hacienda a la Conferencia Episcopal en 2007 -algo más de 12,5 millones de euros mensuales- es una mínima parte de la ingente aportación económica que diferentes administraciones del Estado español hacen cada año a la Iglesia católica. Los expertos cifran en 5.000 millones los fondos recibidos por esta confesión para financiar cada año una imponente red de servicios -culturales, educativos, hospitalarios, en guarderías, ONG u obras de caridad, entre otros muchos-, atendida por decenas de miles de personas. La jerarquía católica, que también juega en Bolsa y está exenta de los principales impuestos, gestiona

Se suele fijar la atención en el fracaso del llamado impuesto religioso de 1987 para ponderar la tacañería del católico español para con su iglesia, indiscutible si se mira sólo a la asignación tributaria, pero relativa cuando se refiere al Estado, es decir, al conjunto de los españoles, sean religiosos o ateos, católicos o de otras religiones. Así, a través de la administración central, autonómica y municipal, el Estado aporta cada año en torno a 5.057 millones a la Iglesia católica en sus varias manifestaciones, según las cifras aportadas por distintos organismos estatales. Es un dinero que sale de varios ministerios -Educación, Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo, Asuntos Sociales- y de las entidades autonómicas y locales equivalentes.

Sólo para la educación religiosa concertada el Estado entrega a esta confesión 3.200 millones

La Iglesia católica española está exenta de los principales impuestos estatales y municipales

La cifra de 5.057 millones incluye el ahorro que supone el paraíso fiscal en que se desarrolla la casi totalidad de sus actividades, calculado por expertos de Hacienda en unos 750 millones de euros.

Es en el campo de la enseñanza y en la asistencia social y de caridad donde las organizaciones católicas reciben más dinero. Por ejemplo, en sueldos para unos 33.440 profesores de catolicismo, de los que unos 15.000 imparten doctrina en colegios públicos (517 millones de euros), o para pagar el sistema de conciertos educativos (3.200 millones, según datos oficiales). Con motivo de la manifestación de noviembre pasado contra la ley Orgánica de Educación (LOE), apoyada por los obispos con el argumento de que esa norma atentaba contra la enseñanza religiosa, el Gobierno cifró en 3.000 millones esas subvenciones [ver EL PAÍS del 12 de noviembre de 2005].

En los conciertos educativos se incluyen las subvenciones por módulo y las nóminas de los docentes, además de una partida para administración de los centros. La actividad educativa de la Iglesia se resume en 2.376 centros concertados (el 80% del total de privados subvencionados), 1.368.237 alumnos y 80.959 profesores.

Respecto a la actividad social y caritativa del catolicismo, además de la diaconía Cáritas Española, sus 67 delegaciones diocesanas y otras 10 Cáritas autonómicas, destacan ONG como Manos Unidas, o entidades como las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Importante fuente de financiación son también los centros hospitalarios concertados (107); centros sociales como ambulatorios y dispensarios (128); casas de ancianos o discapacitados (876); orfanatos (937); guarderías (321); centros especiales de reeducación (365) y "otros centros de caridad y sociales" (717).

Los obispos dicen, con mucha razón, que el Estado gastaría mucho más si tuviera que atender por su cuenta a estas obligaciones educativas o asistencias, aunque los conciertos educativos les dan la posibilidad de difundir su ideario.

El Estado paga también la nómina de los capellanes hospitalarios (510 a tiempo completo y 297 a tiempo parcial), de los penitenciarios (130), más los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente está un arzobispo con grado de general de división. Capítulo aparte son las ayudas directas a la Iglesia para el sostenimiento de su ingente patrimonio artístico e inmobiliario: 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Las administraciones públicas gastaron el año pasado 200 millones de euros para obras de conservación o reforma.

Varias organizaciones son propietarias, además, de siete universidades (Deusto, de los jesuitas; Navarra, del Opus; CEU , de la Asociación de Propagandistas; pontificias de Comillas y Salamanca; diocesanas de Murcia y Ávila), y de 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 colegios universitarios, 55 escuelas universitarias y 72 institutos superiores.

Este poder social y económico, medido en fieles, curas y monjas, obispos y otras jerarquías; en dinero, o en patrimonio inmobiliario; y en servicios educativos, sanitarios y de caridad, es incontable porque se nutre de complicados mecanismos de ingresos privados y de financiaciones públicas. Los obispos sostienen que la asignación tributaria que reciben del Estado cada año no alcanza el 9% del presupuesto de su iglesia. Aluden sólo a la financiación directa fijada en los Presupuestos Generales del Estado -150 millones de euros el próximo año-, e ingresada por el Ministerio de Hacienda en una cuenta de la Conferencia Episcopal para salarios de prelados y clero. Hasta ahora, Hacienda recauda una parte de la asignación tributaria a través del IRPF de los declarantes católicos, y el resto lo entrega como dotación extraordinaria graciosa. Este sistema data de 1988 y era transitorio, mientras los obispos encontraban en tres años (antes de 1991) mecanismos de autofinanciación. En cambio, el Gobierno socialista acordó la semana pasada elevar a definitivo el viejo sistema de asignación tributaria, no sin antes incrementar por encima del 34% el porcentaje de dicha asignación (ahora, el 0,5239; en el futuro el 0,70% de la cuota íntegra de cada IRPF asignado a esa iglesia).

A este sistema se le llama impropiamente impuesto religioso. La realidad es que el católico no añade ni un euro de su bolsillo en el IRPF. Es Hacienda quien lo resta de los ingresos públicos totales, a petición de un creyente que, con ese mecanismo, aporta el 99,3% de su cuota fiscal, no el 100% como el resto de los españoles. Estos dineros apenas suponen el chocolate del loro de todo lo que el Estado aporta a esta poderosísima potencia religiosa, que lo es también económica, educativa e, incluso, inmobiliaria, por delante, con creces, de cualquier otra organización, si exceptuamos al Estado.además un ingente patrimonio inmobiliario.

Obispos en el paraíso fiscal

Comprometidos por el Concordato de 1953, vigente hasta 1979 y aún hoy en algunos aspectos, los obispos rezaban entonces, en cada misa, por la salud de Franco. A cambio, la dictadura nacionalcatólica reconocía a la Iglesia católica su carácter de "sociedad perfecta" y de "única religión de la Nación"; le aseguraba "una congrua dotación" para el clero y el culto, y se comprometía a financiar "la construcción de templos parroquiales y rectorales y seminarios..."· El BOE de 19 de octubre de 1953 publicó dicho Concordato con este encabezamiento: "En el nombre de la Santísima Trinidad".

Ese concordato fue reformado en 1976 -para que el Jefe de Estado renunciase a intervenir en el nombramiento de obispos-, y en 1979, con tres llamados "acuerdos" sobre asuntos jurídicos, económicos y culturales/educativos. El negociador ante Roma fue el entonces ministro de Exteriores Marcelino Oreja, democristiano y miembro muy activo de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).

Por lo que toca a los asuntos económicos, las diferencias del acuerdo de 1979 con el Concordato de 1953 son escasas en el fondo, pese a las apariencias de forma. El Estado se compromete de nuevo a financiar a la Iglesia católica "por el procedimiento técnicamente más adecuado"; la libera de los principales impuestos ("exención total y permanentemente" de la contribución territorial urbana; de los impuestos reales o de producto sobre rentas y patrimonios; de los impuestos de sucesión, donaciones y transmisiones patrimoniales; de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, etcétera); y sólo de manera retórica requiere del episcopado el compromiso de autofinanciarse en un futuro que no se determina. Dice el punto 5 del artículo II de acuerdo: "La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otras formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado".

La decisión del Gobierno socialista, hace una semana, de incrementar por encima del 34% la asignación tributaria de Hacienda al episcopado a partir de 2007, además de manera indefinida, desprecia este compromiso de autofinanciación. Ello ocurre pese a que la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, y los ministros de Justicia y de Trabajo se habían comprometido públicamente a acabar con el actual sistema, o a reducirlo drásticamente.

"Hemos llegado a un punto donde las aportaciones del Estado a la Iglesia católica, que han ido a más cada año, tendrán que ir a menos", dijo la vicepresidenta el 14 de noviembre de 2005. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el 22 de julio de 2004, fue más lejos. Sentenció: "Que el Estado financie a esta confesión religiosa se tendrá que acabar algún día".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de septiembre de 2006

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