"Estamos cansados de la discriminación", dicen las otras religiones

Las tres confesiones que tienen en España el carácter de notorio arraigo y acuerdos de cooperación con el Estado -islamismo, protestantismo y judaísmo- reciben este año tres millones de euros. Las subvenciones, que en ningún caso pueden destinarse a culto o al pago de salarios, las gestiona una fundación gestionada por 12 representantes de la Administración y 9 personas elegidas tras escuchar a los representantes oficiales de las tres religiones. La Iglesia católica, en cambio, recibe como asignación tributaria directa 150 millones para salarios de obispos y sacerdotes y varios miles de millones para el sostenimiento de sus actividades y el pago de profesores de catolicismo.

"Estamos cansados de la discriminación; la falta de neutralidad religiosa del Estado sigue siendo alarmante". Con este estado de ánimo viven estas religiones de notorio arraigo. La queja es de Mariano Blázquez, secretario general de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), pero es compartida por dirigentes del islam y judaísmo.

Las otras confesiones se quejan de "la falta de neutralidad religiosa del Estado español"

¿Aconfesionalidad del Estado español? ¿Neutralidad religiosa? Cuando se construye una sinagoga, el rabino responsable tiene que pagar a Hacienda el 16% de su valor en impuestos, mientras que la Iglesia católica está exenta de ese y de otros impuestos. Si uno de sus fieles ingresa en un hospital, el pastor protestante tendrá problemas para ejercer su misión espiritual, mientras que el Estado gasta cada año 30 millones en sueldos de capellanes católicos penitenciarios, hospitalarios o castrenses. Y aún persisten autoridades que prohíben ceremonias de musulmanes por calles de ciudades cuyos alcaldes presiden las procesiones católicas, o ejecutivos autonómicos que niegan un salario a docentes de religiones que no sean la católica.

La federación de iglesias protestantes -2.200 congregaciones y 1.200.000 fieles, muchos extranjeros residentes- propone un acuerdo en el que, subrayando el principio de no injerencia -no se trata de un convenio para el sostenimiento de iglesias: la evangélica se autofinancia, a veces con ayuda indirecta que llega desde el extranjero-, se estructure un convenio de colaboración económica destinado a auxiliar sus actividades en conceptos relacionados con su notorio arraigo (funciones sociales, asistencia religiosa en centros públicos, construcción de lugares de culto, centros culturales, etcétera).

Los judíos, a través de un informe entregado al Gobierno por Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España, subrayan que la asignación presupuestaria se concede únicamente a la Iglesia católica, negándose a la religión judía con la excusa de que "es una situación transitoria". "Esta transitoriedad se ha visto prorrogada durante más de 20 años", dicen. Desde la semana pasada ya es definitiva. En España hay unos 40.000 judíos y 30 sinagogas.

Por su parte, los musulmanes, a través de un borrador de convenio económico presentado por los dirigentes de la Comisión Islámica, Mansur Escudero Bedate y Riay Tatary Bakry, reclaman "un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado". Reclaman también que no estén sujetas a impuesto, entre otras actividades, la difusión "de los mensajes, jutbas, traducciones o libros de las entidades religiosas islámicas, utilizadas para dar a conocer el islam, sus ritos y sus actividades religiosas".