La financiación de la Iglesia católica

El Gobierno dará más dinero a la Iglesia

El Ejecutivo eleva su aportación al 0,7% del IRPF, liquida dotaciones 'extra' y le exige cuentas

El Gobierno y la Iglesia católica renovaron ayer el modelo de financiación vigente desde 1979 y retocado en 1987. El acuerdo, alcanzado la víspera entre el Gobierno y la Iglesia católica, y rubricado en el Consejo de Ministros de ayer, aumenta la asignación del Estado a la Iglesia del actual 0,5239% del IRPF al 0,7%. A cambio, suprime la dotación directa que año tras año aportaba para cubrir las diferencias entre lo entregado a cuenta por Hacienda y no cubierto por las aportaciones de los fieles.

El acuerdo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2007, establece, también, que la Iglesia pagará el IVA en la adquisición de bienes e inmuebles, de acuerdo con las exigencias de la Unión Europea. Asimismo, la Iglesia deberá presentar al Gobierno anualmente una memoria económica en la que justifique el gasto de la asignación procedente del IRPF.

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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que anunció el acuerdo tras el Consejo de Ministros de ayer, quiso dar trascendencia política al nuevo modelo pactado. Aunque no significa la autofinanciación de la Iglesia -sigue dependiendo de fondos públicos, aunque sólo de los contribuyentes que así lo decidan-, Fernández de la Vega, resaltó que "sienta las bases para avanzar" en ese objetivo. También destacó que el acuerdo "introduce mayor transparencia al sistema".

Poco después de que Fernández de la Vega anunciara el acuerdo, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que señaló que ni confirmaba ni desmentía el acuerdo. Tres horas más tarde, lo confirmaba punto por punto, aunque evitaba todo comentario. Algunas fuentes atribuyen este retraso a "algún desconcierto" en las filas de la Conferencia Episcopal -el pacto se cerró completamente la misma mañana- y a la desconfianza que provoca el Gobierno en importantes sectores de la jerarquía católica, que preferían esperar a tener el anteproyecto por escrito.

En octubre de 2005, en pleno pulso con la Iglesia en la calle -movilizó a 375.000 personas contra la reforma educativa- el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió encargar la negociación del nuevo modelo de financiación de la Iglesia católica a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, con el objetivo de que cerrara un acuerdo en la dirección de la autofinanciación antes de finalizar 2006. En los últimos años, el Gobierno ha tenido que dar a la Iglesia un plus de unos 30 millones anuales, vía presupuestaria, para compensar la disminución progresiva de la aportación ciudadana por el IRPF, y que nunca fueron devueltos por la Iglesia.

El Arzobispado de Barcelona fue la única entidad que hizo ayer mismo una proyección sobre cuánto dinero representa el cambio de modelo y el cálculo coincide a grandes rasgos con la estimación de este periódico. Aunque el sistema dependerá de la salud de la economía y de la decisión de los contribuyentes, su aplicación sobre el ejercicio de 2005 arrojaría una mayor aportación del Gobierno a la Iglesia, incluso si se contabiliza el plus excepcional: en 2005, hubiera supuesto 30 millones de euros más. Según una estimación de este periódico con datos de la iglesia, el impacto sería similar en 2004: hubieran sido 17 millones más. Y también en 2003: 19 millones más.

Ello implica que el Gobierno cederá a la iglesia más dinero del que ésta obtenía hasta ahora y, en principio, no serán necesarias aportaciones excepcionales a corto plazo. Al menos mientras prosiga la bonanza económica y los creyentes mantengan su apoyo al hacer la declaración, pese a que el porcentaje es cada vez menor.

El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino afirmó que el modelo "satisface" los intereses de la Iglesia de manera "razonable", aunque advirtió que quedan aún "flecos" por solucionar, informa Europa Press. También admitió que el acuerdo implica "riesgos". Ayer mismo "animó" a los católicos a rellenar la casilla del IRPF que va a la iglesia católica.

Fernández de la Vega ha contado para esta negociación, que ha dirigido personalmente con el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, como interlocutor, con la complicidad del Vaticano. Las relaciones de Fernández de la Vega con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal española han mejorado progresivamente desde su visita al Vaticano y su entrevista con el papa Benedicto XVI hace un año.

Las negociaciones se han desarrollado con discreción y con el objetivo, logrado, de cerrarla para el día en que el Consejo de Ministros aprobara los Presupuestos Generales del Estado, lo que sucedió ayer. La base del acuerdo se cerró el jueves por la noche y el Consejo de Ministros lo ratificó ayer. Inmediatamente después, Fernández de la Vega se lo notificó a Cañizares, poco antes de anunciarlo, a las dos de la tarde, en la rueda habitual, posterior al Consejo de Ministros.

Las negociaciones, en las que ha participado activamente, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, han pasado por algunas vicisitudes, sobre todo, en la recta final.

La representación de la Iglesia entregó al Gobierno, en mayo, una propuesta en la que ofrecía subir del 0,52% del IRPF al 0,82%. Al vicepresidente económico, Pedro Solbes, le pareció excesiva dicha cuantía y la ha acabado rebajando hasta el 0,7%.

Cañizares, el secretario de Estado vaticano, Sodano (centro), y la vicepresidenta Fernández de la Vega, en marzo.
Cañizares, el secretario de Estado vaticano, Sodano (centro), y la vicepresidenta Fernández de la Vega, en marzo.EFE

LAS CLAVES DEL ACUERDO DE FINANCIACIÓN

El Gobierno entregará a la Iglesia el 0,7% de la declaración de la renta de los contribuyentes que así lo indiquen, pero dejará de hacer aportaciones extraordinarias para equilibrar su presupuesto.

La Iglesia deberá entregar anualmente una memoria económica que justifique el destino que da a los fondos que el Gobierno recaude para ella mediante el impuesto sobre la renta.

Las operaciones comerciales de la Iglesia tributarán el IVA, como exige la UE.

El dinero está destinado a cubrir las necesidades financieras del mantenimiento de la estructura de la Iglesia, y no afecta a otras aportaciones que recibe la Iglesia por los servicios que presta en campos como la educación, la sanidad o los servicios sociales.

El acuerdo no afectará a la parte que se asigna a "otros fines sociales", que tendrán garantizado sólo el 0,5239% del importe de las declaraciones que así lo indiquen.

No cambia la cantidad destinada a otras religiones de "notorio arraigo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 22 de septiembre de 2006.

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