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Industria califica de "deslocalización de libro" el cierre de la planta de Reckitt en Güeñes

Ana Aguirre arremete contra "el procedimiento" empleado por la multinacional en Vizcaya

El Gobierno vasco arremetió ayer contra la decisión de la multinacional Reckitt Benckiser de cerrar su fábrica de Güeñes, con 194 trabajadores, y trasladar la producción a otros países europeos. La consejera de Industria la calificó de "la primera deslocalización de libro" que se da en Euskadi y censuró las formas empleadas por una empresa que había mantenido "una actitud modélica hasta ahora". Industria lamentó que se haya dejado de lado a los trabajadores y las instituciones y confió en conseguir que haya una marcha atrás. La compañía asegura que el martes informó verbalmente a la Administración.

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El día siguiente a hacerse público el anuncio del cierre "irrevocable" de la planta de la localidad vizcaína de la empresa de limpieza del hogar y de higiene personal -los detergentes Colón y Calgonit y el suavizante Woolite, entre otros productos- motivó una cascada de reacciones en contra. La consejera de Industria calificó de "jaque" el paso dado por Reckitt Benckiser, que lleva más de medio siglo de actividad en Vizcaya, pero agregó que "esta partida hay que jugarla" y señaló que hay que analizar "alternativas con la empresa" y, sobre todo, "buscar una salida" a los trabajadores . "Hay muchos protagonistas. El propio Gobierno, desde el Departamento de Trabajo, tiene mucho que decir todavía en este tema", apuntó.

Aguirre afirmó que se trata de "la primera deslocalización de libro" en el País Vasco, al afectar a una empresa "con beneficios y una actitud modélica hasta ahora". La compañía, explicó la consejera, recibió ayudas públicas en 1994 para acometer inversiones y cumplió escrupulosamente el plan acordado. Su mayor reproche se centró en la "forma" como se ha decidido el cierre, que calificó de "inadecuada" por no haberse comunicado previamente ni a los trabajadores ni a las instituciones, impidiendo así que se estudiaran "posibles alternativas desde el punto de vista industrial". Un portavoz de la empresa británica señaló que el martes, el día que anunció el cese de la actividad en Güeñes mediante un comunicado, informó "de forma verbal" al comité de empresa, a las viceconsejerías de Industria y Trabajo y a la Diputación de Vizcaya.

Industria contactó ayer telefónicamente con los responsables de la compañía en Barcelona, donde se ubica su sede central en España. "Espero que nos reunamos en los próximos días", señaló Ana Aguirre.

La multinacional trasladará la producción de Güeñes a centros de Portugal, Gran Bretaña y Polonia. Alega que sus,productos se venden sobre todo en Centroeuropa y que los elevados costes de transporte hacen a la planta poco competitiva. La dirección se reunirá el viernes con el comité de empresa para presentarle alternativas a la plantilla, como prejubilaciones o la recolocación de algunos de los 190 empleados.

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Sindicatos y partidos reaccionaron con dureza. El PSE anunció la presentación de mociones en las Juntas Generales de Vizcaya y los ayuntamientos de Las Encartaciones para que se mantenga la actividad de la empresa. "Es una práctica clara de deslocalización", señaló, tras apuntar que la compañía había construido recientemente nuevos pabellones en la planta. Recordó la intervención de la Diputación, hace unos meses, para evitar el traslado de la empresa Virtisú, situada a escasa distancia.

El diputado vizcaíno de Innovación, Ricardo Barainka, acusó a la multinacional de actuar "con nocturnidad" y con el objetivo de "ganar más". El sindicato LAB instó a los poderes públicos a responder contra lo un comportamiento que considera habitual en las multinacionales instaladas en Euskadi. "Vienen aquí, ganan dinero y luego dejan a los trabajadores tirados". ELA pidió una "reflexión profunda de las políticas industriales", para que no "estén al pairo de las multinacionales".

[Este sindicato aseguró ayer que la participación de la renta de los asalariados vascos en el PIB ha descendido 6,1 puntos en los últimos doce años, lo que se traduciría en una pérdida de 4.400 euros por trabajador].

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