Un constante abandono de empresas

La comarca vizcaína de las Encartaciones ya estuvo a punto de vivir un episodio similar al de Reckitt a comienzos de este año. Entonces fue la papelera Virtisú, ubicada al otro lado del río Cadagua en el municipio de Zalla, la que amenazó con trasladar su producción a Barcelona. Sumaba 105 empleados, con el agravante de que el cierre afectaba a otra empresa de la zona, Pasguren, que suministra la pasta de papel a Virtisú, lo que elevaba los trabajadores damnificados a cerca de 600.

La situación se solventó con una intervención poco habitual de la Diputación de Vizcaya: la compra de la empresa, que sólo tenía en este territorio el precedente de Mecánica La Peña, que acabó bajando la persiana. La operación, que aún no se ha cerrado definitivamente, supone el pago por la institución foral de 15 millones de euros por la compra de los terrenos, las instalaciones y parte de la maquinaria de Virtisú, que luego los alquilará abonando 900.000 euros anuales hasta 2020. Si antes del 31 de diciembre de 2010 Virtisú incumple lo pactado, deberá vender por un euro la maquinaria que no ha adquirido la Diputación vizcaína y perderá un aval de 1,3 millones.

Esta operación impidió otro caso de deslocalización de empresas, que se han repetido en los últimos años en los tres territorios. Ahí quedan los ejemplos de Tesa, ubicada en Irún y Eskoriatza y dedicada a la producción de cerraduras, que afectó a 102 trabajadores; Industrias Fer, de suministros industriales en Soraluce con 120 empleados; los 200 de la factoría que tenía Ericsson en Zamudio o los 180 de Moulinex en Urnieta.

En Álava los traslados fuera del País Vasco se han producido en Vitoria, en BSH (100 trabajadores), Expal (una plantilla de 90), Areitio (70 empleados) e Innovac Rima, que perjudicó a 60 puestos de trabajo.

Uno de los más recientes ha sido el de Fertiberia, en Barakaldo, cerrada a finales de junio tras más de 56 años de actividad, con la desaparición de 116 empleos. De ellos, 67 han acabado en prejubilaciones, y ha habido 15 traslados, 12 recolocaciones y el despido de 25 empleados con el compromiso de encontrarles trabajo en empresas de la zona. En este caso la salida se ha precipitado por una directiva europea sobre prevención de contaminación que impide estas actividades en el centro de un municipio. El diputado vizcaíno de Empleo, Julio Artetxe, ha insistido en que se trata de un "pelotazo" urbanístico.