Lo mítico y lo real

Los datos que van conociéndose del sumario sobre el presunto fraude del parque Terra Mítica, de Benidorm, revelan la existencia de una trama empresarial capaz de proezas como cobrar 10 millones de euros por obras nunca hechas y de facturar por informes inexistentes y por compras de material nunca entregado. Las declaraciones del inspector de la Agencia Tributaria desvelan prácticas financieras y contables impresentables en una empresa en la que el 60% de su capital está controlado por la Generalitat valenciana y por las dos principales cajas de ahorro de la comunidad. Las prácticas irregulares incluían desde el pago a sabiendas de facturas falsas por parte del parque, hasta la contratación de determinadas obras con empresas que no tenían ningún empleado y que sólo existían sobre el papel. Las declaraciones en este sentido de los dos testaferros interrogados por la inspección son cristalinas: ambos firmaron documentos que permitieron la constitución de empresas de las que nunca jamás volvieron a saber nada. Y esas sociedades proveían de facturas falsas a otras mercantiles con mayor volumen de negocio para estafar a Hacienda hasta 4,4 millones de euros en los ejercicios 2000 y 2001.

Todo esto ha ocurrido en una empresa que a finales de 2003, a los tres años de su apertura, acumulaba pérdidas cercanas a los 200 millones de euros, lo que abocó a una suspensión de pagos, recientemente levantada. La fuerte presencia de capital público nunca ha sido garantía de transparencia contable. No es extraño. Terra Mítica se construyó contra la opinión de competentes estudios de viabilidad encargados por la Generalitat valenciana antes de lanzar la iniciativa. Informes que nunca fueron puestos a disposición de los inversores privados (cajas de ahorro incluidas) a la hora de solicitarles, en algunos casos de forma imperativa, su participación en el invento.

La Generalitat, presidida entonces por Eduardo Zaplana, esgrimió un estudio que preveía para 2003 unos ingresos de 102 millones de euros y unos beneficios de 5 millones. La realidad es que las pérdidas acumuladas suman 123 millones en seis años. La contundencia de las cifras no parece afectar para nada a los impulsores del faraónico proyecto, y la investigación judicial, tampoco: Zaplana sigue sin explicar por qué ignoró los informes que desaconsejaban la puesta en marcha del parque, ni los sobrecostes que se produjeron; y su sucesor, Camps, por mucho que se le pregunte, tampoco parece tener interés en informar dónde han ido a parar los 10 millones de euros esfumados y cuyo paradero investiga el juzgado. Lo mítico era el cuento fabuloso con que se vendió el proyecto, y lo real, el despilfarro del dinero de los contribuyentes.