El aborto de dos mujeres discapacitadas que fueron violadas provoca la crítica de los obispos argentinos

Los casos de dos mujeres con discapacidad mental y embarazadas por violación ha reabierto en Argentina la polémica sobre la legación de la interrupción del embarazo, ilegal a excepción de un caso, precisamente el de "violación con idocia". El Gobierno y la Iglesia argentina mantienen un fuerte pulso sobre el tema con enfrentamientos que resurgen periódicamente. En ambos casos las jóvenes se han visto envueltas no sólo en un proceso judicial, sino en actuaciones que han incluido la polémica política y las amenazas a médicos y hospitales. Los obispos argentinos han intervenido directamente pidiendo que no se practicaran los abortos.

L. M. R. es una chica de 19 años discapacitada y residente en la localidad de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, que tras sufrir abusos por parte de un familiar quedó embarazada hace cinco meses. Su madre acudió a los tribunales para que autorizaran la práctica de un aborto terapéutico, tal como establece la ley. Pero la resolución debía ser rápida en un sistema judicial caracterizado por una semiparálisis debida al excesivo número de expedientes de todo tipo sin resolver. Los diversos tribunales fueron dando la razón a la familia y desestimando los recursos presentados por organizaciones antiabortistas. Sin embargo, el Comité de Bioética del hospital de La Plata, donde debía realizarse el aborto, se negó a cumplir la orden judicial alegando que el embarazo estaba muy avanzado.

La negativa fue avalada por el ministro de Sanidad de la provincia, Claudio Mate, lo que levantó una dura polémica sobre hasta dónde se puede desobedecer un mandato judicial. Finalmente, la Corte Suprema de la provincia ratificó el permiso y varios familiares confirmaron ayer que se había practicado la intervención.

En paralelo, en la localidad de Mendoza, a unos 1.000 kilómetros al oeste de la capital argentina, se producía una discusión similar pero con tintes mucho más agresivos después de que los tribunales de la provincia autorizaran el aborto de otra mujer de 25 años con discapacidad mental y embarazada de casi 12 semanas por violación. Los médicos que debían realizarlo recibieron amenazas telefónicas y el hospital designado sufrió avisos de bomba. Como en Buenos Aires, el caso había llegado hasta la Corte Suprema provincial, que el pasado miércoles desestimó los recursos en contra y autorizó el aborto. Poco después, el hospital designado y los médicos del centro comenzaron a recibir advertencias anónimas. La interrupción se practicó finalmente ayer en ese centro.

Petición del ministro

"La ley es clara y permite que en estos casos se interrumpa el embarazo", subrayó Juan Carlos Jaliff, vicegobernador de Mendoza. El ministro de Sanidad federal, Ginés González, pidió a la justicia que no entrara "en laberintos" y expresó su deseo de que ese caso se resolviera rápidamente "de acuerdo con lo que es el derecho y la situación de esta chiquita y su familia". En el polo opuesto, los obispos emitieron el miércoles un comunicado en el que con un lenguaje totalmente diferente al estilo muchas veces indirecto de este tipo de documentos se declararon en contra de los abortos. "El aborto es una cuestión de fondo", afirma el texto donde se pide a los argentinos que lo traten "con la seriedad que se merece". "Créannos: sólo nos mueve el deseo de valorar cada una de las vidas que se engendran y que ya son un ser constituido en el vientre de la madre", subrayan los prelados.

Según denuncia la organización internacional Human Rights Watch, en Argentina "está seriamente limitado" el acceso a técnicas anticonceptivas como ligaduras de trompas -para la que se necesita autorización judicial- o vasectomías. Para otros métodos hay numerosos hospitales, incluidos los públicos, que exigen una autorización del marido. Se estima que en Argentina se practican unos 500.000 abortos anuales, casi todos ilegales. Aunque el Gobierno de Néstor Kirchner es partidario de la ampliación de supuestos para practicar el aborto, se descarta hacerlo en este mandato presidencial.