Una reforma tímida

En política económica, el Gobierno de Rodríguez Zapatero no se está caracterizando por la realización de reformas radicales. Pese a que están perfectamente identificados los ámbitos donde son necesarias, opta, sin embargo, por movimientos discretos, muy prudentes, preferiblemente pactados con los agentes económicos y sociales relevantes. La reforma fiscal, la del mercado de trabajo o ahora la del sistema de pensiones parecen responder a ese gradualismo, en ocasiones demasiado tímido a tenor de la severidad de los problemas que trata de afrontar.

Garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones es, sin duda, una de las más importantes tareas de cualquier gobierno avanzado. A pesar de la excelente situación financiera por la que atraviesa actualmente la Seguridad Social española, no está garantizado que dentro de 10 años puedan atenderse completamente las obligaciones con aquellos ciudadanos cuya jubilación está prevista a partir de entonces. Poder satisfacerlas es el principal objetivo de esa reforma acordada esta semana por el Gobierno, la patronal y los sindicatos, aunque las medidas adoptadas no pueden considerarse, ni mucho menos, definitivas para la cobertura de tal pretensión. En cierta medida, se ha perdido la oportunidad para llevar a cabo un cambio más duradero y tranquilizador.

La solución más eficaz -y también la más reclamada por los expertos- a los riesgos de insuficiencia de recursos para atender los pagos de pensiones es la ampliación del periodo de cotización, desde los 15 años en que está fijado actualmente. Lo que hace la reforma en este punto es retocar ese lapso de tiempo: se elimina el cómputo de las pagas extraordinarias, que dejaba el periodo efectivo de cotización en menos de 13 años. Otra solución complementaria a la anterior es prolongar la vida laboral, y Ejecutivo y agentes sociales han pergeñado algunos incentivos a la misma, así como disuadir parcialmente las jubilaciones anticipadas. En estos dos aspectos, ampliación de la vida laboral y del periodo mínimo de cotización, la reforma que va a ser solemnizada próximamente en La Moncloa debería haber sido más ambiciosa.

Se ha aprovechado el acuerdo actual para fusionar los regímenes agrario y de empleados del hogar en el régimen general, además de extender la pensión de viudedad a las parejas de hecho, satisfechos unos requisitos de convivencia (un periodo no inferior a dos años) y dependencia económica; hasta ahora, salvo sentencia judicial favorable, las parejas de hecho no tenían derecho a pensión de viudedad. Pero son retoques todos ellos que no eliminan el problema esencial, el de la inquietud ciudadana y la obligación de los gobiernos en garantizar la solvencia financiera del sistema público de pensiones.