Un informe establece malas prácticas pero no muertes por sedación en Leganés

Treinta y cuatro sedaciones terminales aplicadas a enfermos del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) incumplieron la buena práctica médica, aunque en ningún caso puede concluirse que la sedación fue la causa de la muerte de los enfermos. Ésta es la conclusión más importante del informe hecho público ayer y realizado por un equipo de 11 médicos seleccionados por el Colegio de Médicos de Madrid. El estudio, solicitado por el juez que instruye el caso, no incluye la versión de los médicos de Leganés, que no han sido consultados, y se basa en el estudio de 73 historias clínicas de pacientes fallecidos en el hospital entre septiembre de 2003 y marzo de 2005.

El informe concluye que 20 de estos enfermos estaban en coma profundo, por lo que las sedaciones eran "innecesarias" y "no estaban indicadas". Las sedaciones a enfermos en coma han sido avaladas por numerosos expertos y por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.

En otros 10 pacientes, el informe sostiene que la historia médica no informa de si los médicos buscaron alternativas de tratamiento a los síntomas que sufrían los pacientes, antes de la sedación.

Los cuatro casos más graves, que el informe califica de "sedaciones contraindicadas", son de pacientes cuya historia clínica no permite concluir que estuvieran en situación terminal.

El informe también considera que "se han realizado sedaciones terminales con dosis injustificadamente altas de medicamentos y en asociaciones potencialmente peligrosas" y sugiere que los médicos aplicaron sedaciones terminales -destinadas a paliar el sufrimiento cuando una persona está al borde de la muerte, aún aceptando que se le pueda acortar a vida- en casos en los que bastaban medidas paliativas -encaminadas a paliar el dolor y el sufrimiento de enfermos que aún no van a morir-. En cualquier caso, el informe admite que "la mayoría de los pacientes sufrían patologías muy graves y con una expectativa de muerte a muy corto plazo" y , en la última conclusión del documento, de 23 páginas, establece que "no es posible afirmar o negar con certeza absoluta si la causa directa de alguno de los pacientes sedados fue la medicación administrada".

Esta última conclusión deja el caso Leganés en una situación en apariencia paradójica que, en cierto modo, podría satisfacer a ambas partes, el consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, y los médicos de Leganés. Por una parte, el informe justifica la actuación administrativa llevada a cabo hasta el momento Manuel Lamela, que destituyó a la cúpula del hospital, ya que hubo casos de mala práctica, pero exime a los médicos de responsabilidad penal, ya que no puede demostrarse relación directa entre su actuación y la muerte de ningún paciente.

El Juzgado número 7 de Leganés debe ahora llamar a declarar a las partes, escuchar su versión, e iniciar el procedimiento. De momento, el juez ha citado para el día 12 de junio a la presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Juliana Fariña, para que explique el proceso de selección de peritos y la elaboración del informe.

El juez también pedirá que comparezcan ese mismo día los peritos que han rubricado el informe para su ratificación y aclaración. Durante el procedimiento serán llamados a declarar los médicos de Leganés, que hasta ahora no han podido dar su versión.

El titular del Juzgado nº7 de Leganés fue quien encargó al Colegio de Médicos la realización de este informe después de que Lamela denunciara a los médicos del hospital. La denuncia estaba basada en otro informe, que fue elaborado por un equipo de médicos seleccionados por el propio consejero de Sanidad. Esta comisión Lamela estudió 169 historias clínicas de pacientes fallecidos entre septiembre de 2003 y marzo de 2005 en Leganés. Concluyó que 39 de ellas no estaban indicadas, cuatro de ellas contraindicadas. Otras 34 sedaciones sí estaban indicadas, pero fueron aplicadas con dosis de fármacos excesivas. En total, la comisión Lamela consideró que en 73 casos había existido mala práctica médica, cifra que ahora el Colegio de Médicos ha rebajado a 34.

Con los resultados del informe Lamela, el consejero madrileño acudió a los juzgados para denunciar a los médicos. Con esta operación, Lamela desactivó la actuación de la Fiscalía de Madrid, que en sus primeras investigaciones descartaba la existencia de delito.