La ley de calidad del aire impondrá límites al tráfico y a la construcción

El Ministerio de Medio Ambiente obligará a los ayuntamientos y comunidades autónomas a tener en cuenta la contaminación del aire al aprobar nuevos planes urbanísticos y a cortar el tráfico si se superan los valores límite. Así lo establece el borrador de Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera que el ministerio ha enviado a las comunidades autónomas. La ley, que sustituye a una norma de 1972, abre la puerta a que el Gobierno cree un sistema de compraventa de derechos de emisión de algunos contaminantes.

La calidad del aire es una de los problemas ambientales en España de más difícil solución, porque gran parte se debe al tráfico en las ciudades. El ministerio, que no tiene competencias sobre el terreno, ha decidido unificar toda la normativa vigente y reforzar la lucha contra la contaminación con una ley que además le permitirá tener más y mejor información.

El borrador de la ley comienza reconociendo la mala calidad del aire: "La contaminación atmosférica continúa siendo motivo de seria preocupación en España. [...] Aún existen niveles de contaminación con efectos adversos muy significativos para la salud humana y el medio ambiente, particularmente en las aglomeraciones urbanas".

El texto, de 53 folios, establece que las autonomías dividirán el territorio en zonas contaminadas. Esta división "deberá ser tenida en cuenta en la elaboración y aprobación de planes urbanísticos y de ordenación del territorio". El ministerio ya metió una cautela similar en la reforma de la ley del plan hidrológico nacional. En ese caso fijó que las confederaciones hidrográficas estipulasen si las nuevas urbanizaciones tendrían el agua garantizada o no. El urbanismo es competencia municipal y autonómica y a la vez el principal problema de medio ambiente. Por eso el ministerio busca influir de forma indirecta sobre la construcción. El borrador será debatido el martes con los directores generales de las comunidades autónomas.

La norma fija que si se superan los niveles de contaminación, las comunidades y ayuntamientos fijarán "medidas de control o supresión de aquellas actividades que sean significativas en la situación de riesgo, incluido el tráfico automovilístico".

La ley también prevé "medidas económicas, financieras o fiscales que favorezcan la prevención y reducción de la contaminación atmosférica" para "mejorar los precios de las opciones menos contaminantes".

El ministerio crea también un sistema nacional de información y vigilancia de la contaminación y obliga a las comunidades autónomas a enviarle los datos de forma periódica. Actualmente, el ministerio no sabe cuáles son las zonas contaminadas. Las comunidades le mandan los datos cada una a su manera.

El resultado es que el informe que Medio Ambiente envía a Bruselas cada año sobre la contaminación habla de zonas contaminadas tan vagas como "Andalucía, municipios de 5.000 habitantes", pese a que existe una amplia red de mediciones de calidad del aire.

El borrador incluye una llamada de atención a los ciudadanos al afirmar que "los particulares se esforzarán en el ejercicio de sus actividades cotidianas en contribuir a la reducción de las sustancias contaminantes en la atmósfera".

El ministerio crea también un régimen sancionador. Las sanciones muy graves tendrán una multa de entre 200.000 euros y dos millones y van dirigidas principalmente a las empresas como centrales térmicas, refinerías, calefacciones de edificios, acerías, minerías, industria química y de fertilizantes papeleras, panificadoras, vertederos, freidurías industriales y crematorios, entre otras. En esta categoría se incluye "incumplir los valores límite de emisión" si eso "pone en peligro la salud de las personas" o ha producido un deterioro para el medio ambiente, impedir la inspección. Estas sanciones no evitan la aplicación del Código Penal.

El Ministerio podrá crear un sistema de comercio de derechos de emisión para algunos de los 14 contaminantes controlados. Se trata de que las empresas que más contaminen puedan comprar cuota a las más limpias y así fomentar la instalación de las tecnologías menos contaminantes, de forma similar al mecanismo de intercambio de derechos de CO2 fijado por el Protocolo de Kioto.