Evo Morales descarta compensar a las petroleras por la nacionalización

El presidente de Bolivia, Evo Morales, defendió ayer su nacionalización de los hidrocarburos porque "los contratos [de privatización] fueron ilegales y no constitucionales", al haber sido hurtada su ratificación al Congreso boliviano. El presidente no mencionó expresamente a Repsol YPF entre los ilegales, pero sí atacó a la brasileña Petrobras y aseguró que las empresas que respetan la legalidad no tienen nada que temer. Las firmas afectadas podrán recuperar sus inversiones, pero "no deberán esperar ninguna indemnización", insistió.

Morales abrió un nuevo frente de conflicto institucional en su país al asegurar que "el poder judicial es el representante del poder colonial, y son los primeros en violar la ley". La Comunidad Andina, fracturada por las tensiones de Venezuela y Bolivia con Perú, Colombia y Ecuador, deberá poner en orden la casa antes de establecer un acuerdo de asociación comercial con la UE.

Evo Morales llegó a Viena para participar en la cuarta cumbre UE-América Latina con retraso debido a un percance con la instrumentación del avión venezolano en que voló a Europa. El aparato tuvo que regresar a Santa Cruz para reparaciones. Una vez en la capital austriaca, el presidente compareció de inmediato, antes de que comenzara incluso la reunión de los ministros de Exteriores de ambos bloques, para responder a las preguntas de un expectante cuerpo de prensa, en su mayor parte hispanohablante, ansioso por escuchar las razones de su abrupta ruptura del status quo. Se autopresentó Morales con cierto humor como "raro y más que raro sospechoso" por las nacionalizaciones, pero de inmediato pasó a defenderlas.

"No tenemos que preguntar, consultar o informar de políticas que son soberanas de un Estado", dijo. "Como cualquier país, Gobierno y presidente tienen derecho soberano a recuperar sus recursos naturales". Según él, "la única forma de acabar con la pobreza es recuperar los recursos naturales".

A la objeción sobre la presunta violación de contratos en vigor respondió que en Bolivia, "cualquier convenio con un país debe ser ratificado en el Congreso". "Hay más de 70 contratos con petroleras y ninguno ha sido ratificado. Son inconstitucionales. Las empresas son las primeras en no respetar las normas bolivianas. Hay muchas petroleras que no pagan impuestos, que son contrabandistas. De qué seguridad nos pueden hablar; o sus países, cuando ellas violan las leyes". Morales reconoció que "las empresas invirtieron y tienen derecho a recuperar sus inversiones", pero también señaló que "no pueden reclamar la propiedad. No hay por qué pensar en indemnización porque tendrán sus ganancias. Si estuviésemos expropiando bienes y tecnología, tendríamos que indemnizar, pero no es el caso".

En nombre de la Unión, la ministra de Exteriores austriaca, Ursula Plassnik, declaró luego asépticamente que de las nacionalizaciones "lo importante es cómo se van a llevar a cabo y cómo van a afectar a la seguridad jurídica y la confianza de los inversores. El presidente tiene que clarificar cómo va a realizar la nacionalización".

Morales describió una Bolivia convertida en tierra de nadie, sometida a explotación y saqueo impunes por parte de terceros con la complicidad de Gobiernos corruptos. "Eso se ha acabado", subrayó, en una referencia también a 500 años de expolio. "Eso no volverá a pasar", repitió en otro momento.

El Tribunal constitucional boliviano acaba de anular la detención de dos directivos de Repsol YPF acusados de contrabando por el Gobierno de Morales. El presidente se amparó en la negativa de los jueces a seguir su ejemplo de rebajarse drásticamente el sueldo (la ley boliviana impone que ningún empleado público cobre más que el presidente) para decir que "el poder judicial es el representante del poder colonial. Son los primeros en no respetar nuestras leyes".

Conflicto andino

En la intervención matutina de Morales, en la discusión vespertina de los ministros de Exteriores y en las conclusiones de la cumbre que se adoptarán hoy los jefes de Estado y de Gobierno de unos 60 países aparece el conflicto en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de la que se ha separado Venezuela, mientras Bolivia decide qué hacer, en un marco más amplio de disensiones entre diversos proyectos de integración regional.

"Envié una carta al presiente Chávez, pidiéndole que no se retire, y también a Toledo y Uribe para que paren su negociación para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque el TLC esta destrozando la CAN", explicó Morales. "Los principios básicos de la CAN son fortalecer la economía nacional y el comercio interno de la región. Desde el momento en que se negocia el TLC se abandonan los principios de la CAN. Pese a las protestas en esos tres países, están pasando a reforzar la economía neoliberal".

La UE ha decidido tomar distancia ante el encono del debate y deja para mejor oportunidad la firma de un acuerdo de asociación con la CAN, uno de los objetivos originales de esta cita. "Vamos a esperar a lo que sus miembros nos ofrezcan" indicó Benita Ferrero-Waldner, comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión. Otras fuentes comunitarias explicaron que se ha optado por no forzar un acuerdo con los tres países decididos a seguir en la CAN para evitar que un Morales despechado abandone definitivamente el grupo para refugiarse en brazos de Chávez.