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Uruguay extradita a tres de sus coroneles acusados de asesinato

Los militares serán juzgados en Chile como cómplices durante la dictadura de Pinochet

En un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya llegaron ayer a Santiago los tres oficiales de ese país acusados de participar en los años noventa, junto con militares chilenos, en el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos, químico y ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, el aparato represivo de la dictadura de Pinochet). Los oficiales uruguayos, dos de ellos en servicio activo y todos con grado de coronel, quedaron detenidos y serán puestos a disposición del juez Alejandro Madrid, que los interrogará y notificará su procesamiento por secuestro y asociación ilícita.

La extradición de los tres oficiales por delitos cometidos bajo gobiernos democráticos [uruguayos] -según los querellantes, fueron perpetrados para acallar a un testigo y protagonista de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura chilena-, supone una colaboración judicial transnacional inédita entre ambos países, con presidentes de izquierda.

Este es el primer caso de militares en servicio activo extraditados entre países del Cono Sur desde la recuperación de la democracia, sostienen fuentes de derechos humanos. Al aterrizar el vuelo en un aeropuerto militar de la capital chilena, los tres militares quedaron bajo la custodia de agentes de Interpol y fueron trasladados al Hospital Penitenciario. Se espera que el presidente de la Corte Suprema chilena, Enrique Tapia, los ponga a disposición del juez Madrid, quien los había procesado en ausencia y solicitado su extradición.

Los extraditados -el coronel retirado Tomás Casella, el coronel Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli- viajaron bajo la custodia de funcionarios de Interpol, acompañados por funcionarios de la cancillería uruguaya y el general Luis Pérez, enviado por el comandante en jefe del Ejército uruguayo para supervisar el alojamiento y defensa en Chile de los acusados. El coste de la defensa de los militares será pagado por el Ejército de Uruguay.

Hasta último momento, los tres coroneles intentaron dilatar o impedir la extradición, con apoyo de organizaciones de oficiales retirados y de partidos de oposición. En la víspera, después de que el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez resolviera anticipar el viaje de los militares, inicialmente previsto para este viernes, la defensa presentó un habeas corpus con apoyo de 88 firmas, pero no fue aceptado.

"Sabía demasiado"

El abogado defensor de los militares criticó el adelanto del traslado, porque le impidió hacer sus preparativos, mientras que un diputado del Partido Colorado pidió en Montevideo la comparecencia en el Parlamento de la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, para explicar la actitud del Gobierno del Frente Amplio.

Desde que la Corte Suprema de Uruguay aprobó la extradición, los militares permanecieron detenidos en la Escuela Militar de Armas y Servicios. Los tres han estado vinculados al espionaje uruguayo. Uno de ellos, Casella, fue edecán del ex dictador chileno Augusto Pinochet cuando éste viajó a Uruguay en 1993 siendo comandante en jefe del Ejército chileno.

El ex agente y químico Berríos fue sacado clandestinamente de Chile por oficiales de la Dirección de Inteligencia Militar a principios de los años noventa, para evitar que compareciera ante un juez que quería interrogarlo por el asesinato del ex ministro Orlando Letelier. Después de una temporada en Argentina, el químico terminó en Uruguay bajo la custodia de oficiales chilenos y uruguayos. Estuvo oculto hasta que logró fugarse y pidió ayuda a la policía uruguaya diciendo que estaba secuestrado, pero ésta lo entregó a sus captores. En 1995, el cuerpo de Berríos fue encontrado en una playa cercana a Montevideo. Durante la dictadura chilena, Berríos estuvo implicado en varios de los crímenes más emblemáticos de opositores de Pinochet. Era, sostienen los querellantes, un hombre que "sabía demasiado".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de abril de 2006