El juez deja en libertad a Campanario tras imponerle una fianza de 12.000 euros

Encarcelado un inspector médico del Servicio de Salud por expedir bajas fraudulentas

María José Campanario, la esposa del torero Jesús Janeiro, Jesulín de Ubrique, y enfermera, quedó en la madrugada de ayer en libertad provisional bajo fianza de 12.000 euros por haber pagado supuestamente por obtener una baja médica fraudulenta para un familiar muy cercano. La primera fase de la Operación Karlos contra el fraude a la Seguridad Social se ha saldado con un inspector médico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en prisión, cuatro presuntos implicados en libertad provisional bajo fianza y otros cinco en libertad con cargos.

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El pago de una fianza de 12.000 euros permitió a la esposa del diestro salir en su propio coche de los juzgados, después de prestar declaración por su presunta implicación en la trama de los informes médicos falsos.

A las tres menos cuarto de la madrugada del domingo -y sólo después de que el apoderado de Jesulín de Ubrique, José Luis Segura, abonara la fianza dictada por el magistrado- Campanario abandonaba el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Jerez, donde permaneció desde las cinco y cuarto de la tarde del sábado.

El juez dictaba libertad provisional bajo fianza por supuestamente haber comprado una baja laboral fraudulenta por incapacidad para un familiar muy cercano. Fuentes de la investigación apuntan a que sería la madre de Campanario la que se habría beneficiado del expediente médico falso.

La esposa del matador de toros sigue imputada en el caso y deberá responder de su presunta implicación en un fraude a la Seguridad Social. Durante el tiempo en el que permaneció detenida, su padre se acercó a los juzgados, pero, al ver la concentración de ciudadanos y medios de comunicación no dudó en alejarse del edificio sin ni siquiera bajarse del vehículo. Tampoco la acompañó su marido, quien en la jornada del sábado cortaba dos orejas en un festival taurino en Zahara de los Atunes (Cádiz).

La llegada de centenares de curiosos a las puertas del juzgado obligó a trasladar a las fuerzas del orden a la zona para evitar un altercado de orden público. Mientras, en el interior del edificio, el titular del juzgado, Juan José Parra, que desde hoy está de vacaciones de Semana Santa, iba dictando autos para cada uno de los 10 detenidos.

Parra sólo decretó prisión incondicional para un inspector médico del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Francisco Castro, que ingresó en la cárcel de Puerto II, en El Puerto de Santa María (Cádiz), por la presunta comisión de un delito de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias. Francisco Castro, hasta el momento, es el máximo responsable de la trama en la que se expedían bajas médicas fraudulentas para que los beneficiarios, en connivencia con los facultativos, obtuvieran esas bajas laborales definitivas por incapacidad.

Asimismo, el magistrado dictó libertad provisional bajo fianza para cuatro de los detenidos: Miguel Ángel Fernández, un trabajador que supuestamente compró una de las bajas falsificadas; Manuel Gómez, el ex jefe de la Policía Local de Prado del Rey, quien supuestamente obtuvo una baja por invalidez para su propio beneficio; Rufino Mundéjar, un médico de una mutua de la capital gaditana que ha evitado su ingreso en prisión tras el pago de 3.000 euros; y la ya mencionada María José Campanario.

Por último, el juez dictó libertad provisional con cargos para Mari Paz Cañero, secretaria personal del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez, Pedro Pacheco. Cañero está imputada por haber tratado de comprar una baja para su madre. Compra que, según fuentes de la investigación, no se llegó a consumar.

En la misma situación que Cañero quedaron José Luis López, un conocido empresario de Ubrique que se dedica principalmente a la compra y venta de suelo y que supuestamente buscaba clientes para la compra de los informes médicos falsos; María Dolores García, funcionaria de un centro de salud del SAS de la localidad de San Fernando (Cádiz); Luis Carretero, médico de un centro sanitario concertado de la provincia gaditana; y Mercedes D.C., también funcionaria del SAS.

La Guardia Civil no descarta la detención de una veintena de personas más en la segunda fase de la operación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 09 de abril de 2006.

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