El padre de Jesulín de Ubrique, implicado en el presunto fraude a la Seguridad Social
Humberto Janeiro estaba a la espera de obtener una pensión por invalidez con informes médicos falsos
El padre del torero Jesulín de Ubrique, Humberto Janeiro, aparece implicado en la supuesta trama de falsificación de informes médicos para la obtención de bajas laborales y pensiones por incapacidad destapada en Cádiz, según informa la Cadena SER, que ha tenido acceso al sumario del caso. Humberto Janeiro estaba pendiente de obtener una pensión por invalidez laboral que iba a serle concedida gracias a informes médicos falsos. Además, el padre de Jesulín de Ubrique cobraba exclusivas de una revista del corazón a través de una empresa pantalla, desgravándose a Hacienda de forma ilegal.
La esposa del torero, María José Campanario, fue detenida el pasado abril por "su participación directa en la trama" y tras permanecer en los juzgados de Jerez durante más de nueve horas fue puesta en libertad provisional tras el pago de una fianza de 12.000 euros que le permitió evitar su ingreso en prisión. La mujer del diestro deberá responder ante la justicia por la presunta compra de algunos informes médicos fraudulentos para la obtención de una baja médica para su madre, Remedios Torres, también imputada y quien también quedó en libertad provisional tras declarar ante el juez. Asimismo, figura como imputada Isabel Gil Borrego, que se hizo pasar por la suegra de Jesulín en una revisión médica para facilitar la concesión de la baja.
La Operación Karlos contra el fraude a la Seguridad Social se ha saldado con la detención de 28 personas y la imputación de otras 10, entre ellas Humberto Janeiro y las tres mujeres anteriormente mencionadas. Los dos presuntos cabecillas de la trama están en prisión y hasta cinco médicos de la provincia de Cádiz deberán responder por su supuesta vinculación con la red. Según la Guardia Civil, que inició las investigaciones el pasado octubre, los beneficiarios de estos informes médicos falsos, con los que lograban el grado de incapacidad deseado y la posterior pensión de invalidez, abonaban hasta 24.000 euros. En los casos en los que el comprador carecía de dinero, el médico les facilitaba una póliza a través de entidades bancarias, que después eran abonadas al banco una vez concedida la pensión.
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